La Cámara de Diputados aprobó en lo general, la polémica reforma que elimina 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, de los que se extraerán más de 15 mil millones de pesos que serán devueltos a la Federación.
El proyecto avanzó con 259 votos de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y bancadas aliadas.
Hubo 205 votos en contra de la oposición y una sola abstención, del diputado del Partido Verde (PVEM) y simpatizante de Marcelo Ebrard, Javier López Casarín.
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Infructuosamente y tras advertir que los cambios violan derechos laborales, humanos y en suma, representan “un atraco” al personal de esa instancia, los legisladores de oposición presentaron seis mociones suspensivas que fueron rechazadas.
Incluso, intentaron con peticiones a santos, ampararse contra los cambios.
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“Presidente se que a usted le encantan las estampitas y este país ha estado pasando una política con las estampitas. Hoy le traigo esta estampita de San Heberto Vencedor, ¡San Heberto Vencedor, líbranos de las ocurrencias y de las malas decisiones de López Obrador!”, rezó la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Luz Espinosa, que se llevó aplausos de sus compañeros y abucheos de la mayoría.
Los integrantes del bloque opositor expresaron solidaridad con los trabajadores del Judicial, reprimidos por el gobierno de la Ciudad de México.
Si los trabajadores no se ven afectados, por qué han salido a protestar a las calles y han sido reprimidos, cuestionaron.
“Que, si como dicen, no afecta a los trabajadores, ¿qué hacen aquí afuera protestando y la policía de la Ciudad de México, agarrándolos a golpes? Si están tan contentos, ¿qué hacen aquí afuera y qué hacen ustedes agarrándolos a macanazos? ¡La desaparición de estos fideicomisos es una venganza política de López Obrador contra la ministra (Norma) Piña!”, sentenció el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Cházaro.
Advirtieron que la reforma será impugnada y se va a “caer” en la propia Suprema Corte, pero mientras ello ocurre, será usada de manera perversa para la narrativa del Ejecutivo Federal contra los “privilegios” de la alta burocracia.
“Sí afectan al derecho de los trabajadores y sí afectan a la operatividad de la justicia federal, no podemos restringir ni anular derechos alcanzados, y los derechos que protegen estos fideicomisos se refieren a más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ¡esto es un atraco, un atraco a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y por eso se están manifestando en las calles!”, alertó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN).
Niega mayoría afectación a trabajadores
Al presentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, negó que los trabajadores se vean afectados y pierdan derechos.
Aclaró que los más de 15 mil millones de pesos en juego no se reintegrarán a la Tesorería de la Federación de inmediato, y las obligaciones económicas que resulten de la extinción, se cubrirán con cargo a los propios recursos de los fideicomisos.
González Robledo aseguró que el único propósito de los cambios es promover la transparencia en el Poder Judicial, la austeridad y el uso racional de los recursos públicos.
Mier vs. Norma Piña
Lo secundó el promotor del proyecto, Ignacio Mier, que nuevamente rechazó afectaciones a los trabajadores.
Mier Velazco arremetió directamente contra la presidenta de la Corte, Norma Piña, a quien mencionó por cargo, pero no por nombre, de usar a los trabajadores como parapeto para proteger privilegios.
“Intentan confundir a la sociedad, desde la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha mentido. Mal hace su presidenta en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del Poder Judicial como escudo humano”, lanzó.
Después de llevarse minutos enteros de rechiflas de rechazo y hasta gritos de “¡fuera,fuera!”, el coordinador morenista respondió con amenazas a la oposición, en especial a los panistas.
“Que también haremos en el momento, una revisión de las cuestiones inmobiliarias, y no lo quiero hacer”, dijo, dirigiéndose a la bancada del PAN, coordinada por el diputado Jorge Romero, a quien la mayoría señala como involucrado en la corrupción inmobiliaria en la demarcación Benito Juárez.
Sin rodeos, el integrante del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, dejó en claro que el fin de la reforma es meter al aro de la “cuarta transformación” al Poder Judicial.
“Porque la cuatro té llegó en el Poder Ejecutivo, llegó en el Poder Legislativo y va a llegar al Poder Judicial sin ninguna duda, por eso dicen ¿y por qué se les ocurre ahora? Y vamos sobre estos fideicomisos que permiten corrupción en el Poder Judicial”, sentenció Sandoval Flores.
Más claro, el vicecoordinador de su fracción, Benjamín Robles, anticipó que tras la extinción de los fideicomisos, en el Presupuesto 2024 podría haber una nueva reducción de recursos a ese Poder.
“¡Tengan para que aprendan, este es el primer recorte a la Corte, compañeras y compañeros!”, advirtió.