Las ocho alumnas afectadas por el delito de violación a la intimidad sexual del Instituto Politécnico Nacional (IPN) plantearon la exigencia de una disculpa pública por parte de esa casa de estudios y que la Fiscalía General de Justicia aplique a Diego “N”, posible agresor, las sanciones que prevé la legislación penal en la materia.
La Primer Asamblea Colectiva de Lucha para el Acceso a la Justicia sobre los actos de Violencia Digital, detalló los hechos delictivos ocurridos el seis de octubre en la Escuela Superior de Comercio y Administración, donde el implicado fue detectado en flagrancia con una tablet con imágenes de ocho alumnas y miles de fotografías íntimas de otras personas.
Detallaron que las ocho denuncias se presentaron el seis y siete de octubre ante la Fiscalía General de Justicia capitalina.
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Las jóvenes agraviadas recordaron a la FGJ, a través de la citada Asamblea, recordaron que el delito de violación a la intimidad sexual es sancionado con nueve años de prisión y el pago de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
Lo anterior, al considerarse el contenido íntimo no consensuado “real o alterado” dentro de la redacción del tipo penal, que en este caso, el “Uso de Inteligencia Artificial”, es considerado también un medio comisivo acreditado dentro de esta ley.
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Además, constituye un tipo de Violencia Digital reconocida en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia .
Al IPN exigieron varios puntos como la nota citación de las alumnas agraviadas de manera individual; baja definitiva del alumno Diego N. y que se le niegue cualquier oportunidad de revalidación o reinserción a futuro, por representar un peligro para la institución y las alumnas.
También pidieron que se le niegue el ingreso a cualquier espacio del IPN a manera de prevención; sanción a todos los cómplices y participes de acciones relacionadas con la viralización, compra, exposición de las fotografías de esta y todas las carpetas o grupos en redes sociales donde se viole la intimidad sexual.
Plantearon la necesidad de destinar representantes legales con debida capacitación, para representar a las alumnas que manifiesten algún tipo de violencia.
Además, que se garantice la protección y no persecución a todas las afectadas que han denunciado casos de violencia.
En ese sentido reclamaron la responsabilidad de autoridades académicas del IPN y la reparación del daño con todos los recursos político, sociales, legales, económicos, materiales y académicos “dada la negligencia con la que se trató a las víctimas”.
Al tiempo de exigir la no repetición de los hechos, exigieron que se garantice una “alerta especial” de protección en el ámbito escolar ante los posibles actos de hostigamiento y revictimización que se pudiera generar hacia ellas.
@amarilloalarcon