La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se congratuló por las reforma aprobada en la Cámara de Diputados en materia de desaparición forzada de personas, lo que ahora constituye un crimen de lesa humanidad.
El organismo nacional informó que dicho ilícito constituye una violación grave de los derechos humanos, tal como quedaría reflejado en el artículo 13 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Dicha medida constituye un sólido e histórico paso hacia la armonización legislativa tendiente al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado mexicano por virtud del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, puntualizó.
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Con esta acción se profundiza en la construcción de una “verdadera cultura de paz”, que ayude a la reconciliación de la sociedad mexicana, y comienza, indudablemente, con la erradicación de prácticas de terror, como las que utilizaron gobiernos autoritarios durante la época de la violencia política institucionalizada, denominada “Guerra Sucia”.
La CNDH puntualizó que las desapariciones forzadas en México tienen sus primeros antecedentes en el último gobierno militarista, el de Victoriano Huerta. Consideró que cualquier paso que permita avanzar en su esclarecimiento y, como en este caso, su sanción, es importante para el desarrollo democrático de nuestra sociedad.
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Sostuvo que la desaparición forzada de personas es una trasgresión profunda a la dignidad humana de quienes la resienten directamente, así como un atentado a las familias, a la comunidad y a toda la sociedad en su conjunto, ya que lesiona a todos los miembros de la familia humana.
Por ello, las reformas en esta materia resultan fundamentales para combatir tanto a la impunidad y las conductas ilícitas, comunes en el actuar de las autoridades que no sólo fueron omisas ante la ejecución de este delito sino que lo avalaron al tomar posturas de criminalización en contra de sus víctimas.
Además, por la vinculación que se gestó en administraciones pasadas entre autoridades de los diversos niveles de gobierno y el crimen organizado para perpetuar la desaparición forzada como una estrategia de terror en agravio del pueblo de México.