Tras la aprobación de la reforma que incorpora la Guardia Nacional a la SEDENA, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que no acudirá ante a la Suprema Corte para interponer alguna acción de Inconstitucionalidad en contra dichas modificaciones legales aprobadas por el Congreso de la Unión.
Al fijar su postura sobre el tema, el organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra emitió un documento de 16 cuartillas en donde hace una disertación jurídica para señalar que respalda esta reforma legal.
“Es este momento de definiciones claras, que no admiten matices. O se está con el pueblo, o se está en contra de él”, señaló.
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El organismo nacional consideró que la transferencia del control de la Guardia Nacional es “extraordinaria, es decir que está justificada y resulta excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso.
En dicho pronunciamiento, indicó que se sumará a la ejecución de las reformas, mediante su observancia y monitoreo, atendiendo las quejas que pudieran derivarse de posibles violaciones a los derechos humanos que se cometan.
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Señaló que ante la emergencia en materia del combate a la delincuencia organizada y los niveles de violencia que se generan implica una alta demanda de respuestas por parte de la población, por lo que exigen una actuación “inmediata”, eficaz y contundente por parte de las instituciones.
Resaltó que sin dejar de atender la urgencia de los tiempos excepcionales que vivimos, “es indispensable poner en práctica paulatinamente políticas y cambios normativos que, en los plazos establecidos, lleven a la separación nítida de funciones entre las Fuerzas Armadas y los cuerpos de policía”.