LORENZO CÓRDOVA

INE aprueba lineamientos para servidores públicos que aspiran a una candidatura

El documento contempla sanciones que podrían derivar en la pérdida del modo honesto de vivir, con lo cual las y los funcionarios no podrán obtener su candidatura.

Lorenzo Córdova, presidente del INE.
Lorenzo Córdova, presidente del INE.Créditos: Cuartoscuro
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El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral por parte de las y los servidores públicos que aspiran a un cargo de elección popular.

El documento contempla sanciones que podrían derivar en la pérdida del modo honesto de vivir, con lo cual las funcionarias y funcionarios no podrán obtener su candidatura.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE que se realizó este miércoles, la consejera Adriana Favela destacó que con estos lineamientos se busca garantizar el piso parejo en los procesos electorales.

“Lo que se busca es que se respeten los principios de imparcialidad, equidad y que se tenga un piso parejo para todas las personas que quieran buscar alguna candidatura a un cargo de elección popular, pues han sido varias personas servidoras públicas que han estado interviniendo en diversos procesos, ya sea en los procesos electorales a nivel federal o local o en los procesos de participación ciudadana”.

Por su parte, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, enfatizó que estos lineamientos no representan una confrontación, sino la regulación de lo que prohíbe la Constitución: la intervención indebida de los servidores públicos en los procesos electorales y el uso de recursos públicos para promocionarse.

“No, el INE no está confrontado con nadie, el INE solo aplica la ley, y si alguien que viola la ley y por violar la ley, que es aplicada por el INE, cree que hay confrontación, eso es problema de parte, el INE no tiene ningún funcionario, ningún gobierno, ningún partido con el que se confronta, el INE aplica la ley y la aplica igual para todos. Otra cosa son las violaciones a la Constitución, y esas mientras la Constitución siga diciendo lo que dice vamos a seguirlas sancionando”.

Tras asegurar que los lineamientos son inconstitucionales, el representante de Morena, Eurípides Flores, aseveró que éstos tienen el propósito de silenciar al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual, dijo, no les preocupa.

“Un exceso absoluto este intento de hacer una ley mordaza del presidente de la República, pero no nos preocupa mucho porque ya está en camino la reforma electoral, estoy seguro que el Congreso de la Unión no permitirá que se invadan sus facultades con este acto legislativo y esto quedará en un intento anecdótico por parte de este Consejo General de silenciar al presidente”.

Para evitar ser sancionados, las y los servidores públicos deberán abstenerse de emitir opiniones o expresiones, de índole político o electoral, que por su investidura puedan impactar en los comicios o mecanismos de participación ciudadana, a fin de que no existan influencias internas en el resultado electoral.

Asimismo, los funcionarios los operadores de programas sociales y de actividades institucionales, así como los servidores de la nación tendrán prohibido asistir a eventos proselitistas en días y horas hábiles, con independencia de que obtengan licencia para no acudir a laborar y que soliciten que no se les pague ese día.

En caso de que asistan a eventos proselitistas en días y horas inhábiles, su participación no podrá ser activa o preponderante, además de que no podrán emplear los medios de comunicación social oficiales, los tiempos del Estado, así como los sitios de internet y redes sociales oficiales, para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, persona aspirante, precandidatura o candidatura.

La emisión de estos lineamientos tiene su origen en una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que confirmó que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y 15 gobernadores de Morena cometieron 98 ilícitos al promover la revocación de mandato en periodo prohibido.