La tensión diplomática entre Perú y México escaló este viernes luego de que un juez supremo peruano ordenara la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra resguardada en la residencia de la embajada de México en Lima, donde recibió asilo político hace dos semanas.
La decisión fue tomada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien revocó la orden de comparecencia con restricciones que pesaba sobre Chávez. La exministra está siendo procesada por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado orquestado por el expresidente izquierdista Pedro Castillo, en diciembre de 2022.
Juez justifica captura de Chávez por riesgo de fuga e incumplimiento de restricciones
El magistrado Checkley fundamentó su resolución en la evidente falta de acatamiento de las medidas cautelares previas. Señaló que el peligro de fuga de Chávez es "palpable" debido a su inasistencia a las audiencias judiciales y, principalmente, a la omisión del control de registro biométrico semanal al que estaba obligada.
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Checkley sentenció que existe "un evidente incumplimiento [...] respecto a la restricción impuesta en su contra, control biométrico cada siete días", lo que justifica la activación de la prisión preventiva y el riesgo de "frustración" del juicio.
La Fiscalía peruana solicita una pena de 25 años de cárcel para Chávez por el delito de rebelión. La ex primera ministra había sido liberada en septiembre tras un dictamen del Tribunal Constitucional que reconoció una detención arbitraria previa.
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Asilo político a Betssy Chávez rompe relaciones entre México y Perú
La situación de asilo de Betssy Chávez ha sido el detonante de una profunda crisis bilateral. Tras la decisión mexicana de acoger a la exfuncionaria, el Gobierno de transición de Perú, encabezado por José Jerí, rompió sus relaciones diplomáticas con México, las cuales ya operaban a nivel mínimo.
Perú se ha negado hasta ahora a conceder a Chávez el salvoconducto necesario para viajar a México. La administración peruana condicionó su entrega a una serie de consultas en la Organización de Estados Americanos (OEA) para modificar la Convención de Caracas que regula el asilo diplomático, acusando a México de haber "desvirtuado" dicha figura.
Pese a la orden de captura, el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, negó categóricamente que su país vaya a irrumpir en la sede diplomática mexicana para detener a Betssy Chávez, citando el respeto al derecho internacional, contrario a lo ocurrido en Ecuador con Jorge Glas.
No obstante, el Ejecutivo peruano mantiene una postura crítica hacia México. El primer ministro confirmó que denunciarán a México "oportunamente en sedes internacionales" por una presunta injerencia en asuntos internos que Lima atribuye a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
Con información de EFE.