El Gobierno de Perú retrasó la evaluación del salvoconducto solicitado para la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada por México mientras enfrenta un proceso judicial en Perú por el fallido intento de golpe del expresidente Pedro Castillo. Según informó el canciller Hugo de Zela, la decisión responde a la necesidad de realizar consultas con países de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la vigencia y pertinencia de la Convención de Caracas de 1954, normativa que regula el otorgamiento de salvoconductos.
Perú demora decisión sobre salvoconducto a Betssy Chávez
De Zela explicó en una entrevista con CNN que este paso permitirá determinar si la convención se ajusta a las necesidades actuales. “Lo que hemos decidido es demorar la consideración del salvoconducto para tener tiempo de hacer consultas con otros países de la región”, afirmó. El canciller señaló que ya iniciaron reuniones preliminares y que espera viajar a Washington a inicios de diciembre para presentar formalmente la propuesta de revisión del tratado.
La controversia ocurre en medio de la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y el país sudamericano, anunciada hace dos semanas tras revelarse que Chávez se encontraba en la embajada mexicana en Lima. Las tensiones se arrastran desde 2023, cuando México dejó de reconocer la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo tras la destitución de Castillo.
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Tensión entre Perú y México
El presidente de transición, José Jerí, confirmó que Chávez no podrá viajar a México hasta que se tome una decisión final. El gobierno sostiene que dedicará el tiempo necesario para evaluar el salvoconducto, mientras impulsa en la OEA la modificación de la Convención de Caracas, argumentando que el derecho al asilo ha sido utilizado de manera indebida.
En paralelo, el Congreso peruano declaró persona non grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, acusándola de injerencia en asuntos internos. México rechazó la medida por considerarla “motivada por planteamientos falsos”.
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Mientras tanto, la Fiscalía peruana solicitó prisión preventiva para Chávez por presuntamente incumplir restricciones impuestas dentro del proceso judicial por los delitos de rebelión y conspiración, que podría derivar en una condena de hasta 19 años.
Este complejo escenario refleja un deterioro acelerado de los vínculos bilaterales y una creciente incertidumbre jurídica y diplomática tanto para Chávez como para Perú.