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En entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, Azul Aguiar, profesora investigadora del ITESO y la Universidad de Guadalajara, analizó la viabilidad de aplazar la elección judicial programada para 2027. La especialista advirtió sobre los riesgos institucionales que conlleva el proceso y profundizó en la propuesta del oficialismo para postergar la votación hasta 2028, subrayando la necesidad de salvaguardar la estabilidad del sistema de justicia.
El riesgo de la "super-politización" en 2027
Para Aguiar, realizar la elección de jueces, magistrados y ministros el mismo día que las elecciones de representantes populares en 2027 incrementaría drásticamente la politización del Poder Judicial. Según la experta, el ejercicio realizado en 2025 ya dejó en evidencia la participación activa de fuerzas partidistas, lo que compromete la integridad del proceso.
"Ya tuvimos un primer ejercicio el año pasado en donde confirmamos la partidización de todas las candidaturas que llegaron a la Suprema Corte", señaló Aguiar, advirtiendo que la organización simultánea con las intermedias podría agravar los problemas de fiscalización y designación de candidaturas.
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¿Es la fecha el problema real de la elección judicial?
Aunque existe una facción del movimiento morenista, cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum, que impulsa mover la elección al 2028, Aguiar sostiene que este cambio de fecha es una medida superficial. "Cambiar de fecha la elección judicial desafortunadamente no garantiza que eso no vaya a volver a ocurrir; quizás reduce el riesgo, pero no lo garantiza", afirmó.
La investigadora enfatizó que el problema de raíz es el diseño institucional de la reforma de 2024, el cual abandona la carrera judicial —basada en méritos— para adoptar un modelo de elección popular basado en la cercanía política. Según su análisis, postergar la fecha no resolverá la falta de independencia judicial ni los retos de integridad electoral.
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¿México en riesgo? El ojo internacional observa la elección judicial de 2027
La situación en México no ha pasado desapercibida fuera de las fronteras. Aguiar destacó que organismos internacionales ya están evaluando el impacto de estas reformas:
- OEA: La misión de observación de la Organización de los Estados Americanos recomendó explícitamente no replicar el modelo mexicano en otros países.
- Naciones Unidas: Diversas dependencias relacionadas con la independencia judicial mantienen ejercicios de evaluación sobre el proceso aprobado en 2024, calificándolo como "altamente politizado".
La asignatura pendiente en México: ¿Por qué las Fiscalías siguen fallando?
Uno de los puntos más críticos señalados en la entrevista fue la ausencia de una reforma a las fiscalías, elementos clave para un sistema de justicia integral. Aguiar explicó que, a diferencia de otros países de América Latina que otorgaron autonomía real a sus fiscalías tras sus transiciones democráticas, en México estas siguen dependiendo del Poder Ejecutivo.
"No creo que suceda una reforma de esa naturaleza porque las reformas aprobadas tienden a concentrar el poder en el Ejecutivo", sentenció la investigadora, subrayando que actualmente los gobernantes tienen control político sobre las fiscalías, incluyendo la capacidad de remover a sus titulares.
Por último, las reflexiones de Azul Aguiar forman parte de una investigación más amplia contenida en el libro Reformar para dominar: La disputa por la democracia electoral en México, coordinado junto a Guadalupe Salmorán Villar. La obra, disponible en acceso abierto, profundiza en cómo las recientes modificaciones constitucionales buscan, desde su perspectiva, la concentración del poder en lugar de la autonomía institucional