Ante las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la producción de las boletas de la elección judicial; el Instituto Nacional Electoral (INE) afirmó que todas sus actuaciones se realizaron conforme a lo que marca la Constitución Política, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como en los acuerdos adoptados por sus máximos órganos de dirección: el Consejo General y la Junta General Ejecutiva.
Agregó que el volumen final de boletas se definió con base en la Lista Nominal y en las actualizaciones normativamente previstas durante la etapa de producción, conforme al Reglamento de Elecciones.
Indicó que este procedimiento es habitual en los procesos electorales y garantiza certeza en la disponibilidad de documentación para todas las casillas instaladas.
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El INE recordó que la producción de boletas electorales constituye un asunto de seguridad nacional y que la determinación del número de boletas se basa en cifras oficiales en Lista Nominal y no en estimaciones de participación.
Mencionó que la destrucción de boletas no utilizadas es una obligación legal establecida en la normatividad electoral.
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Asimismo, refirió que las observaciones formuladas por los órganos fiscalizadores forman parte de los procedimientos ordinarios de revisión y no constituyen, por sí mismas, determinaciones firmes de responsabilidad.
El INE reiteró que su actuación se rige por criterios estrictamente técnicos y jurídicos; aseveró que la ciudadanía puede tener la certeza de que cumple con la ley, garantiza la integridad de los procesos electorales y mantiene una disposición permanente a la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración institucional.