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En entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con Salvador Mejía, especialista en prevención de lavado de dinero, sobre el aval de la Suprema Corte a la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para realizar el bloqueo de cuentas por la UIF sin necesidad de una orden judicial. Mejía calificó esta resolución como la culminación de un proyecto para transformar el derecho en una herramienta de control político, dejando a los ciudadanos en una situación de extrema vulnerabilidad patrimonial.
El fin del amparo y la jurisprudencia protectora
El especialista explicó que, anteriormente, el bloqueo de cuentas por la UIF podía combatirse de manera efectiva gracias a un Poder Judicial independiente y a la jurisprudencia creada por el exministro Medina Mora. Sin embargo, la sesión de la Corte eliminó estas herramientas de defensa, dejando al juicio de amparo prácticamente sin argumentos para proteger el patrimonio de los afectados.
Foto: Cuartoscuro
Salvador Mejía señaló que el "secreto está en la letra pequeña", pues aunque se validó una garantía de audiencia administrativa, esta resulta insuficiente cuando el patrimonio queda "totalmente en el limbo". El experto advirtió que, sin estas protecciones legales, no existe una forma real de continuar con la vida cotidiana una vez que los fondos son congelados.
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La "mera sospecha" como criterio de castigo
Uno de los puntos más críticos denunciados en el espacio de Luis Cárdenas es que el bloqueo de cuentas por la UIF ahora puede ejecutarse por la "mera sospecha" de los funcionarios públicos. Mejía destacó que no existe un procedimiento público claro que defina qué operaciones son vigiladas, equiparando a ciudadanos comunes que reciben remesas o compran inmuebles con operadores de la delincuencia organizada.
Durante la sesión de la Corte, solo la ministra Yasmín Esquivel presentó argumentos contra esta subjetividad, mientras el resto de los ministros incurrieron en vaguedades. El experto criticó que el criterio judicial actual parezca reducirse a que "si te depositan mucho dinero, eres malandro", una subjetividad que no debería tener lugar en un sistema de justicia.
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Un escenario de indefensión y muerte civil
La situación de los usuarios es de "indefensión jurídica total", pues tras el bloqueo de cuentas por la UIF, el afectado solo tiene cinco días para demostrar su inocencia ante la propia autoridad que lo acusa, sin saber siquiera de qué se le señala exactamente. Mejía calificó como un "absurdo" que se exija al ciudadano probar que no lava dinero sin un pliego de cargos específico.
Finalmente, el analista advirtió que un bloqueo implica la imposibilidad de pagar alimentos, sueldos, impuestos o hipotecas. En su intervención final en MVS Noticias, Mejía recomendó a la audiencia buscar asesorías legales honestas y desarrollar argumentos novedosos basados en la manutención de menores y obligaciones contractuales para enfrentar el bloqueo de cuentas por la UIF.