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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Ángela Guerrero Alcántara, coordinadora general de CEA Justicia Social y Arturo Ávila, diputado federal y vocero del Grupo Parlamentario de Morena, abordaron el tema de la vulnerabilidad de la presunción de inocencia y la prisión preventiva oficiosa.
Ángela Guerrero argumentó que la prisión preventiva oficiosa es una herencia de estrategias de seguridad fallidas iniciadas en 2008. Según la experta, no existe evidencia estadística que vincule esta medida con la reducción de la criminalidad.
"No tenemos ninguna cifra ni ningún registro que nos indique que de manera directa hay un impacto en que la prisión preventiva reduce efectivamente delitos", señaló Guerrero.
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Para la coordinadora de CEA Justicia Social, la disminución de ilícitos como el "huachicoleo" respondió a estrategias operativas específicas y no al encarcelamiento automático. Además, alertó sobre los costos sociales: "Lo que empezamos a ver es que al interior de los centros penitenciarios... aumentó el número de trabajadoras del hogar en prisión preventiva", acusadas sin una defensa adecuada, mientras que delitos de alto impacto siguen impunes.
La postura oficial: Una medida necesaria ante la herencia de violencia
Por su parte, el diputado Arturo Ávila reconoció que, en un escenario ideal, esta figura no debería existir. "En un estado de derecho no es deseable la prisión preventiva oficiosa", admitió. Sin embargo, defendió su utilidad actual como contención ante la violencia heredada de administraciones pasadas, citando el aumento de homicidios desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el de Enrique Peña Nieto.
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Ávila destacó cifras oficiales para justificar la medida: "Hubo una reducción del 47% en promedio diario de delitos de alto impacto... feminicidio, lesiones, secuestro, extorsión". Asimismo, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver el futuro de esta figura hacia 2026.
Puntos de encuentro: Amnistía y revisión
A pesar de las diferencias, ambos ponentes coincidieron en la urgencia de revisar el sistema. Guerrero abogó por una "ley de amnistía" más amplia y procesos de justicia transicional, mientras que Ávila aceptó la necesidad de debatir las interconexiones entre la política pública y las causas delictivas.