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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Ángela Guerrero Alcántara, coordinadora general de CEA justicia social y Arturo Ávila, diputado federal y vocero del grupo parlamentario de Morena, hablaron sobre la vulnerabilidad de la presunción de inocencia y la prisión preventiva oficiosa.
El caso de Alma Abigail Salazar Castillo ha reavivado la polémica sobre el sistema de justicia en México. En 2023, Alma fue a cobrar una tanda de mil pesos y terminó detenida, acusada de extorsión y sentenciada inicialmente a 50 años de cárcel.
Aunque su pena fue reducida recientemente a 10 años por criterios de proporcionalidad, el hecho pone en tela de juicio la efectividad y justicia de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO).
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El costo humano de la "Mano Dura"
Ángela Guerrero contextualizó el problema en los 20 años de la llamada "guerra contra el narcotráfico", señalando que el uso de la cárcel se convirtió en una herramienta para legitimar estrategias de seguridad. Guerrero destacó un dato alarmante: actualmente hay cerca de 100 mil personas en prisión sin sentencia.
La experta fue contundente respecto a la utilidad de esta medida: “No existe una sola evidencia científica (...) que indique que es eficaz la prisión preventiva para reducir un delito. En lo que sí tenemos evidencia es lo contrario”. Además, subrayó que esta figura afecta desproporcionadamente a las mujeres, donde en un 80% de los casos los jueces aplican la PPO en lugar de justificar la medida cautelar.
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La postura legislativa y el horizonte 2026
Por su parte, el diputado Arturo Ávila reconoció la complejidad del tema y anticipó que la Suprema Corte de Justicia tendrá que resolver en 2026 la posible eliminación de la PPO, alineándose a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ávila aportó cifras oficiales: de las 230,000 personas privadas de la libertad en México, aproximadamente el 22% (50,600 personas) están bajo prisión preventiva oficiosa, mientras que un 41% ya cumple una sentencia. Aunque defendió que la inclusión de ciertos delitos en el catálogo ha coincidido con una reducción del 42% en homicidios dolosos, admitió que el sistema arrastra fallas históricas donde “cuatro de cada 10 personas en México no tienen sentencia”.
El legislador sorprendió al coincidir en la visión de fondo con la sociedad civil: “Sin duda el escenario ideal sería que no tuviéramos que llegar a una prisión preventiva oficiosa”. Asimismo, destacó la creación de la Ley de Amnistía como un mecanismo para corregir injusticias contra grupos vulnerables.
Un debate necesario
La coincidencia entre ambas posturas sobre la necesidad de revisar esta figura legal abre una ventana de oportunidad política y judicial. Como concluyó Pamela Cerdeira, la posibilidad de un debate real para modificar lo que no ha funcionado resulta esperanzadora para miles de personas atrapadas en el sistema