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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Ezra Shabot, periodista, habló sobre la Nueva Corte: sueldos y falta de preparación.
Shabot lanzó duras críticas contra la conformación y perfil profesional de los nuevos integrantes de la nueva SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), señalando falta de preparación, posibles incentivos para la corrupción y una inminente crisis de legitimidad en el sistema judicial mexicano.
“Se trata de una nueva Corte, donde buena parte de sus integrantes carecen de preparación jurídica sólida. El problema no es si ganan más o menos que sus secretarios, sino que los negocios paralelos que podrían manejar se convierten en incentivos claros para corromper la función judicial”, advirtió Shabot.
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“Esto se está convirtiendo en un botín, no en un encargo público”
Shabot fue enfático al señalar que el nombramiento de algunos nuevos ministros parece responder más a compromisos políticos que a méritos profesionales. “Lo que tenemos es un caos total, donde esto se convierte en un botín más que en un encargo público. Ya no se trata de servir, sino de hacerse de recursos de forma impresionante”, dijo.
Además, advirtió sobre la ignorancia de algunos nuevos funcionarios judiciales: “No es solo por rendirle a Quetzalcóatl, es un nivel de ignorancia enorme. Han echado a los profesionales que realmente sabían armar los casos jurídicos, y ahora se están dando cursos de cinco semanas para actualizarlos”, lamentó.
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La justicia queda a merced de la voluntad del juez
Según el analista, la llegada de perfiles sin experiencia pone en riesgo los mecanismos de defensa ciudadana, como el juicio de amparo. “El instrumento que tenía el ciudadano para defenderse —el amparo— termina siendo inoperante. El juez puede hacer lo que quiera, no hay forma de rectificar una mala decisión judicial”, subrayó.
Para Shabot, esta situación representa un punto de quiebre del sistema legal: “Ahora todo dependerá de la voluntad del juez, que puede dictaminar y sentenciar como se le pegue la gana”.
La nueva SCJN, lejos de generar confianza, podría detonar una nueva etapa de incertidumbre jurídica en el país, donde el Estado de Derecho quede sujeto a decisiones arbitrarias y sin contrapesos claros.