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En entrevista para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Melissa Ayala, abogada constitucionalista, habló sobre el criterio de la SCJN para que no haya plazo para denunciar casos de abuso infantil.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un precedente histórico que permite a las víctimas de abuso sexual en la infancia iniciar procesos civiles en contra de sus agresores sin importar cuánto tiempo haya pasado desde los hechos.
Esta resolución complementa la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en materia penal y abre la puerta a demandas por daño moral, ampliando la protección jurídica a las víctimas.
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"Estas jurisprudencias que fueron aprobadas en la última sesión de la primera sala, básicamente, lo que señalan es que, independientemente del tiempo que haya pasado entre que haya ocurrido un abuso sexual de una infancia y el inicio de un proceso civil en contra del abusador, se puede iniciar este proceso", señaló la abogada Melissa Ayala.
Según expertos, los casos de abuso sexual son emocionalmente complejos tanto para adultos como para menores. Las víctimas adultas suelen bloquear los recuerdos del abuso, mientras que quienes fueron niños pueden no identificar el acto como abuso debido a la manipulación del agresor, sobre todo cuando se trata de familiares, personas de confianza o figuras de autoridad.
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La decisión de denunciar años después, incluso en la adultez, puede resultar un proceso doloroso y lleno de desafíos legales, pero ahora cuenta con respaldo judicial.
¿Qué implica esta jurisprudencia para los procesos civiles?
La abogada constitucionalista Melissa Ayala explicó que, con esta resolución, cualquier demanda civil por abuso sexual infantil presentada a partir de su publicación deberá ser tomada en cuenta por jueces y juzgadoras, sin importar el tiempo transcurrido desde el hecho.
Esto significa que las víctimas podrán exigir reparación por daño moral aunque los hechos hayan ocurrido hace décadas, garantizando un acceso más amplio a la justicia y reconociendo la complejidad emocional de estos casos.
"Independientemente de cuándo haya ocurrido, tú puedes iniciar un proceso penal. Ahora, ¿por qué lo que ocurrió en este asunto es tan relevante? Porque la Corte lo que dijo fue: 'efectivamente, ya lo tenemos en lo penal, pero también lo podemos hacer en lo civil'. Es decir, en aquellos casos en donde se demande daño moral, también las víctimas podrán iniciarlo independientemente del momento en el que hayan ocurrido los casos y la situación", reveló la abogada.
"El tema es que a partir de este momento, es decir, a partir de que fueron publicadas cualquier denuncia, más bien cualquier demanda en materia civil que se presente, los jueces y las juezas o las personas juzgadoras de las que tengan conocimiento de esta situación están obligadas a seguirlo", agregó.
Los procesos civiles requieren demostrar tanto la existencia del acto ilícito como el daño causado. En casos de abuso sexual, las pruebas pueden ser complejas debido a la naturaleza privada del delito. Por ello, es fundamental que los juzgadores actúen con sensibilidad y perspectiva de género, reconociendo el impacto duradero de la violencia sexual en la infancia.
¿Por qué es un avance para la protección de las víctimas?
Este precedente no solo beneficia a las víctimas directas, sino que establece un estándar legal que fortalece la protección de la infancia en todo el país. Además, reconoce el valor de quienes deciden denunciar, incluso años después, y refuerza la obligación de las autoridades de considerar sus denuncias con seriedad y justicia.
"Cuando inicias un proceso por daño moral, no solamente se tiene que acreditar que existió un hecho ilícito, sino también que hubo un daño. Entonces aquí también sería un llamado a las personas juzgadoras a que vayan, que también tengan sensibilidad y juzguen con perspectiva de género, porque es evidente que cualquier persona que haya vivido una situación de violencia sexual durante su infancia, pues algún daño vivió", indicó Melissa Ayala.
El logro es resultado del trabajo de equipos legales especializados y destaca la importancia de garantizar que las víctimas tengan acceso a mecanismos efectivos para reclamar justicia, sin verse limitadas por el tiempo transcurrido.