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En su colaboración para MVS Noticias con Luis Cárdenas, el analista económico Pedro Tello habló sobre los pros y los contras de la Ley Antilavado.
A partir de recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitidas en 2018, el Congreso mexicano aprobó modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal. Esta nueva legislación busca cerrar espacios al lavado de dinero y actos de corrupción en el sistema financiero nacional.
México aprueba nueva ley antilavado: ¿progreso o amenaza a la privacidad?
Tello consideró que la ley apunta en la dirección correcta al incluir nuevas actividades vulnerables como la compraventa de criptomonedas, los desarrollos inmobiliarios y los fideicomisos. Además, destacó que la inclusión de auditorías internas y externas refuerza los mecanismos de autovigilancia y control dentro del sistema financiero.
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"¿Es una buena ley o no? Yo diría que es una buena ley porque apunta en la dirección correcta, es decir, busca cerrar los espacios disponibles para el lavado de dinero en México", aseguró.
Sin embargo, advirtió que la ley también plantea serios riesgos al otorgar amplias facultades a la Secretaría de Hacienda y a la Guardia Nacional para acceder a información financiera sensible sin necesidad de una orden judicial. Esta disposición, explicó, genera una tensión entre la necesidad de fortalecer los mecanismos contra el lavado de dinero y la obligación de respetar derechos humanos fundamentales, como la protección de datos personales.
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"Ahora, ¿es una ley justa? Yo creo que no, porque otorga atribuciones a las autoridades financieras de nuestro país, concretamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero también a la Guardia Nacional, para poder tener acceso a información sensible y financiera de personas y de empresas sin que exista una orden judicial que lo amerite", señaló Tello.
Avances contra el crimen, pero con riesgos a derechos
El experto alertó que en un país donde la inseguridad es una constante, la posibilidad de que esta información termine en manos del crimen organizado representa un peligro real. Casos de filtración de datos han derivado en extorsiones y otros delitos contra personas y empresas, lo que agrava la preocupación por el alcance de estas nuevas atribuciones.
La ley, aunque responde a estándares internacionales, también plantea un debate crucial sobre los límites del poder estatal en materia de fiscalización financiera. Si bien se reconoce la importancia de frenar el lavado de dinero, Tello enfatizó que la implementación de estas medidas no debe pasar por alto las garantías constitucionales.
"En la medida en la que se otorgan facultades como las que se han concedido, insisto, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Hacienda, estamos yendo más allá de lo que parece recomendable en un país –y lo quiero subrayar– donde la inseguridad es la nota del día. ¿En cuántas ocasiones no hemos visto que datos sensibles de carácter personal terminan en manos del crimen organizado que los utiliza para extorsionar y al mismo tiempo para cometer delitos en contra de personas, de empresas o de familias?", cuestionó Pedro Tello.
"Así que estamos frente a una ley que apunta en la dirección correcta, pero que tiene problemas serios porque atenta contra derechos humanos relevantes y, sobre todo, contra la protección de datos personales muy sensibles", concluyó.
La nueva ley antilavado es un paso necesario, pero con riesgos considerables en materia de privacidad y derechos fundamentales. El reto será lograr un equilibrio entre eficacia institucional y el respeto al marco legal que protege a los ciudadanos.