La Cámara de Diputados retomó labores en el marco del periodo extraordinario, con la aprobación de la minuta proveniente del Senado de la República en materia de lavado de dinero.
Sin presentación del dictamen, sin análisis en comisiones y con dispensa de trámites, la mayoría aplicó el fast track.
En lo general, hubo 297 votos a favor.
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En contra hubo 37 votos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en abstención, se manifestaron Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN), con 87 votos.
En lo particular, la votación fue de 349 a favor, 38 en contra y 91 abstenciones.
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Lo aprobado será enviado al Ejecutivo Federal para culminar con el proceso de aprobación.
Fallas y excesos en la norma antilavado
Integrantes de esas bancadas identificaron debilidades, fallas y excesos en la legislación.
Incluso protestaron por casos de lavado de dinero asociados al partido mayoritario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como el recientemente dado a conocer por el Tesoro de Estados Unidos contra la casa de bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia con el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.
A gritos, la bancada del PAN exigió que ese caso se investigue y que funcionarios federales del sector económico comparezcan ante el Congreso, para que rindan cuentas por no haber indagado los hechos de los cuáles aseguraron, el expresidente López Obrador tenía conocimiento.
El reclamo intentó ser acallado por la presidenta en turno de la Mesa Directiva, Dolores Padierna, que también a gritos, se esforzaba por impedir que se escuchara la voz del vicecoordinador panista, Héctor Saúl Téllez.
Téllez Hernández calificaron como positivo que se cumplan las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se amplíe la lista de actividades vulnerables para incluir el manejo de criptomonedas, desarrollos inmobiliarios y fideicomisos.
También, la obligación de identificar al llamado “beneficiario controlador”, es decir, el beneficiario y propietario real de los recursos y las transacciones.
Se rechaza el uso de todos los datos personales y sensibles sin control, el rompimiento del secreto bancario sin orden judicial.
Expresaron su oposición a que las investigaciones se extiendan a las personas conocidas, familiares y allegados con los “beneficiarios controladores”; así como a las facultades que tendrá la Guardia Nacional (GN) de investigar y “hostigar” a ciudadanos, cuando esas capacidades deberían seguir en manos de autoridades civiles.
“Exigimos que si se va a investigar el lavado de dinero, se empiece por los casos donde ya hay señalamientos públicos e investigaciones internacionales como es el caso de Vector. Cuando se lavaba el dinero a través de Vector, ¿dónde estaban o qué hacía la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda? Hay que dejar ya de proteger al expresidente Andrés Manuel López Obrador”, coincidió el priísta Christian Bello.
De acuerdo con leyes antilavado, rechazo a excesos
En los posicionamientos, los diputados de MC anunciaron su abstención, al manifestar que están de acuerdo en el combate al uso de recursos de procedencia ilícita.
No obstante, identificaron riesgos como el hecho de que la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la Guardia Nacional (GN) tengan acceso abierto a los datos de todos los ciudadanos, incluyendo financieros.
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se coincidió en que es necesario reforzar las normas antilavado, pero la ley debió aplicarse en el caso Vector casa de bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo y que fue señalada por presunto narcolavado de dinero, por la autoridad de Estados Unidos.
Los legisladores panistas protestaron en la Tribuna con carteles que decían las frases “AMLO sí sabía” y “lavanderías del bienestar”, en referencia a los señalamientos a la casa de bolsa Vector.
Lavado de dinero en otros gobiernos
En defensa del ordenamiento, integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM), afirmaron que se trata de herramientas necesarias para que el Estado combata al crimen organizado desde su capacidad financiera.
Que los ciudadanos no se preocupen por la vigilancia del Estado, quienes se oponen son los que en su momento y en sus gobiernos, ejercieron el ilícito para enriquecerse, advirtieron.
“Se trata de recursos que financian la violencia, la corrupción, el narcotráfico, golpes de Estado y la destrucción de instituciones. No podemos permitir que por las venas de la seguridad del país corran ríos de dinero ilícito que alimentan a los criminales. Solamente los políticos corruptos, los criminales, los lavadores de dinero deben preocuparse por esta ley, no los ciudadanos”, recalcó el petista Ricardo Mejía.