'La gentrificación también es una crisis ambiental y de derechos humanos', señala activista

En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Luna, integrante del Frente Anti-Gentrificación, y Federico Sobrino, socio fundador y exdirector del Instituto de Administradores de Inmuebles (IAI A.C.), hablaron sobre la nueva marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México y de las 14 acciones presentadas por el gobierno de la capital para enfrentar esta problemática.

La Ciudad de México enfrenta una creciente tensión social y urbana ante el fenómeno de la gentrificación. Al respecto, Luna denunció un caso específico en Santa Úrsula Xitla, donde la construcción del megaproyecto Fuentes Brotantes 134, con viviendas de lujo valuadas en más de ocho millones de pesos, ha derivado en la tala masiva de árboles, desplazamiento de comunidades y presión sobre el abasto de agua en la zona.

Frente Anti-Gentrificación acusa desalojo y daño ambiental en Fuentes Brotantes

"La marcha será en Fuentes Brotantes, precisamente porque la gentrificación ha despojado a la comunidad de Santa Úrsula Xitla. Están destruyendo el bosque para construir un megaproyecto llamado Fuentes Brotantes 134. Este macroproyecto presupone 54 casas de lujo, de más de 8 millones de pesos cada una, construidas por la inmobiliaria Azimut, que ha talado más de 300 árboles, cuando al principio prometió talar solo unos 30", contó Luna.

Desde la perspectiva del Frente, la gentrificación no sólo implica un problema habitacional, sino también una crisis ambiental y de derechos humanos, al priorizar el negocio inmobiliario por encima de las necesidades de habitantes originarios y sectores vulnerables.

"La gentrificación no es solo una cuestión de apariencia o desplazamiento, también es una cuestión ambiental, una cuestión de agua, ya que la vivienda de lujo va a tener como prioridad agua en una zona donde nadie está tensionada por la falta de agua", señaló.

El activista también criticó la falta de alternativas habitacionales accesibles en la capital y señaló que en otros países como Alemania o Francia, el Estado interviene para garantizar vivienda social, mientras que en México el modelo actual beneficia a desarrolladoras sin consultar a las comunidades.

"Países como Alemania, Canadá o Francia, son países que priorizan la vivienda, la vivienda no es un negocio allí. Por ejemplo, hay terrenos baldíos que el gobierno dispone, y estos terrenos tienen como función priorizar la vivienda para comunidades, algo que claramente no sucede aquí. La administración actual ha priorizado estos terrenos baldíos para empresas con intenciones de crear megaproyectos", explicó.

"Hay que priorizar a los pueblos y habitantes originarios, independientemente de sus ingresos o situación étnica o racial, por encima de intereses económicos, sin desatender a poblaciones migrantes, refugiadas, personas deportadas y retornadas. Entender que la vivienda en México no puede ser un negocio", recalcó.

"No podemos establecer una modernización con base en la violencia institucional ejercida, con consecuencias de desplazamiento, desalojo, y desalojo por la fuerza, por parte de la autoridad. Estamos hablando de grupos vulnerables, como la gente de la tercera edad y la juventud", aseguró.

Gentrificación en CDMX: ¿negocio inmobiliario o violación de derechos?

En contraste, Federico Sobrino sostuvo que el mercado debe regirse por las leyes de oferta y demanda. Afirmó que medidas como los “bandos”, como el recién propuesto Bando 1, limitan artificialmente el desarrollo y pueden generar consecuencias similares a las vividas hace dos décadas con el Bando 2, que provocó un éxodo hacia la periferia urbana.

"La oferta y la demanda es la que debe privar en cualquier negocio... Es un mercado incluso que ha crecido", indicó Sobrino.

Sobrino negó que los extranjeros sean los principales responsables de la gentrificación y advirtió sobre los efectos negativos de un eventual control de rentas, como la desvalorización de inmuebles y el deterioro del parque habitacional, tal como ocurrió a mediados del siglo XX.

"Se le echa la culpa a los extranjeros. A nivel nacional viven en México un millón doscientos mil extranjeros, menos del 1% de la población, de los cuales, y me di a la tarea precisamente de ver, en la alcaldía Cuauhtémoc, que es donde sería el problema, hay cincuenta y seis mil extranjeros. Y yo te diría, vamos a la particularidad: en la Condesa, más bien son del sur que del norte, estamos hablando Argentina, Colombia, algunos otros países de Latinoamérica", contó.

"Entonces, no inventemos lo que no existe. Mejor seamos francos y decir: a ver, organizamos nuestra marcha, deshacemos los comercios porque así nos conviene, porque días después vamos a generar un bando en donde queremos controlar el mercado inmobiliario, esa es la realidad", expresó Federico Sobrino.

Ambas posturas coinciden en que el fenómeno es complejo y de largo plazo, pero difieren en el enfoque: mientras un lado exige reconocer el derecho a la vivienda digna como prioridad del Estado, el otro defiende al sector inmobiliario como motor económico indispensable. La discusión sigue abierta, en medio de marchas, regulaciones y la disputa por el futuro urbano de la capital mexicana.