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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Javier Larrondo, presidente de Defensores de Prisioneros, habló sobre el programa de médicos cubanos en México, que ha sido denunciado por "explotación" y trabajo forzado.
El programa de médicos cubanos contratado por el gobierno mexicano durante la pandemia ha sido severamente cuestionado por violaciones a los derechos humanos, explotación laboral y tratos degradantes, según informó Javier Larrondo.
Larrondo explicó que, bajo el marco de las llamadas misiones médicas internacionales promovidas por el régimen cubano, los profesionales de la salud que fueron enviados a países como México se enfrentaron a condiciones que organizaciones como la ONU, el Parlamento Europeo y el Parlamento Español han calificado como esclavitud moderna.
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"Naciones Unidas ha condenado la esclavitud de las misiones médicas cubanas en tres ocasiones. Una de las más inapelables es la de un grupo de expertos, el comité de los derechos del niño, que condenó la separación forzosa de padres y niños porque los padres dejaron el trabajo", aseguró Javier Larrondo.
Gobierno de CDMX pagó millones a Cuba por médicos en condiciones de esclavitud
En el caso de México, específicamente durante la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se documentó que el Estado pagaba 3,750 dólares mensuales por cada médico cubano, pero los trabajadores solo recibían 200 dólares. El 94% del dinero era retenido por el gobierno cubano. Además, muchos de los médicos enviados no eran especialistas como se había anunciado públicamente, sino personal militar y médicos generales.
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"En México, en la pandemia, nosotros demostramos como el gobierno de la CDMX estaba pagando 3 mil 750 dólares por cada uno ellos al mes, mientras a los médicos cubanos se les daban 200 dólares al mes. El 94 por ciento se lo quedaba el régimen cubano", afirmó.
Larrondo detalló que el Código Penal Cubano sanciona con hasta ocho años de prisión a quienes abandonen estas misiones. En la práctica, se les impide regresar a Cuba durante el mismo periodo, provocando la separación forzada de miles de familias. Se estima que existen al menos 5,000 niños en Cuba que no pueden reunirse con sus padres debido a esta política.
"Cuba, en su Código Penal, dice que si dejas del trabajo de médico en el extranjero tienes 8 años de prisión, y como no te pueden meter a prisión si te escapas lo que hacen es separarte, no te dejan volver a Cuba en 8 años. Hay 5 mil niños huérfanos en cuba que no pueden ver a sus padres porque estaban forzados a trabajar y se negaron", aseguró Larrondo.
En ese sentido, agregó, "lo que dice Claudia Sheinbam es una completa falacia, una mentira, y solamente tiene que leer el artículo 176 del código penal cubano, que dice que los médicos tienen el deber de informar de las relaciones emocionales y de pareja que tienen en el país que laboran, y que no pueden ir a actos sociales, tiene toque de queda, etcétera", reveló.
A las condiciones económicas y familiares se suman denuncias de violencia sexual. Con base en 1,500 testimonios recopilados por la organización, el 43% de las mujeres entrevistadas, principalmente enfermeras y médicas, reportaron abusos sexuales y coerción por parte de sus superiores. Se trataba de una práctica sistemática en la que las trabajadoras eran amenazadas con ser catalogadas como desertoras, lo que implicaba la pérdida de todo contacto con sus hijos.
Este esquema ha sido replicado en otros países de América Latina como Venezuela, Nicaragua y Honduras, donde también se han denunciado violaciones a derechos humanos. Incluso regiones de Europa, como Calabria en Italia y Andorra durante la pandemia, recurrieron brevemente a estos convenios, aunque luego los suspendieron tras conocer la magnitud de los abusos.
Larrondo subrayó que, pese a las afinidades ideológicas de algunos gobiernos con el régimen cubano, esta situación trasciende la política: se trata de crímenes de lesa humanidad que afectan directamente a miles de personas. Aunque países como Estados Unidos han comenzado a sancionar a funcionarios vinculados con estos programas, la práctica sigue generando ingresos millonarios para el gobierno cubano, siendo su principal fuente de divisas.
La denuncia busca generar conciencia sobre el costo humano de estas misiones médicas y presionar a gobiernos democráticos a dejar de avalar estos acuerdos. Según Larrondo, lo fundamental ahora es dejar atrás los discursos ideológicos y reconocer la dimensión humana del problema: familias separadas, mujeres abusadas y derechos laborales inexistentes.