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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Luis Fernando García, abogado especialista en derechos digitales, habló sobre la reforma sobre desapariciones y la incorporación de datos biométricos en la CURP.
La implementación de la CURP biométrica, contemplada en la reforma a la Ley General de Población, ha generado preocupación entre especialistas en derechos digitales. El abogado Luis Fernando García advirtió que esta nueva disposición implicaría la creación de una megabase de datos biométricos centralizada que incluiría información de más de 130 millones de personas, además de extranjeros que ingresen regularmente al país.
La CURP biométrica no solo busca vincular los datos personales con un número de identificación, sino que impone que cualquier entidad, pública o privada, esté obligada a solicitar este documento como requisito para ofrecer servicios. Esta medida, afirma García, dejaría un registro permanente de las actividades de las personas, permitiendo una vigilancia masiva sin precedentes.
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"Se pretende crear una megabase de datos masiva, centralizada, y poner en un solo lugar datos biométricos de más de 130 millones de personas, más todas las personas que visiten el país de manera regular, con los riesgos que eso conlleva de que esos datos se filtren, haya una vulneración de datos, lo que sucede frecuentemente en este país, tanto en bases de datos públicas y privadas", alertó el abogado.
CURP biométrica y megabase de datos: alerta por riesgos permanentes
Una de las principales preocupaciones radica en la vulnerabilidad de los datos biométricos. A diferencia de contraseñas, las huellas digitales o el rostro no pueden modificarse, por lo que una filtración tendría consecuencias permanentes. García señala que en México las filtraciones de bases de datos son frecuentes, lo cual agrava el riesgo de uso indebido por parte de la delincuencia.
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"Casi cada semana reportamos algo, hay un reporte de que una base de datos de un banco, de un gobierno, está siendo filtrada y utilizada por la propia delincuencia para cometer delitos como fraude, extorsión, secuestro a otras personas", señaló.
El abogado también indicó que esta reforma no es producto de un descuido legislativo, sino de una decisión política deliberada. Según explicó, el paquete de reformas que incluye esta medida se complementa con otras leyes en materia de seguridad, inteligencia, desaparición forzada y telecomunicaciones.
"Es una decisión política. Cuando tú ves todas las reformas, porque no solamente son unas reformas, la oposición de manera, creo que bastante torpe, está hablando de una ley espía. No, no es una ley espía, es un paquete, un paquete espía, un paquete de reformas que te espían: Ley General de Población, Desaparición Forzada, Ley de Telecomunicaciones, Ley de Seguridad e Inteligencia, Ley de la Guardia Nacional", explicó.
Su objetivo, dice, no es mejorar la seguridad, sino aumentar el control del Estado sobre la población, otorgando poder sin precedentes a instancias como el Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia.
"Es un proyecto que no es de seguridad, es un proyecto de control de la población que, a quienes tendrán acceso a esta información, principalmente a García Harfuch y al Ejército, les otorga un poder inédito en el país, porque nadie nunca en este país ha tenido acceso o va a tener acceso a tanta información de tantas personas en tiempo real sin ningún tipo de control", afirmó.
Además, la CURP biométrica podría sustituir al INE como identificación principal, obligando a millones de personas a registrarse para acceder a servicios básicos, lo que afectaría especialmente a poblaciones vulnerables con dificultades para proporcionar datos biométricos confiables.
