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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Francia Pietrasanta, abogada en tecnología y datos en la red de Defensa de los Derechos Digitales, mencionó todo sobre el avance de intenciones del gobierno de acceder a datos biométricos de la población y sus comunicaciones.
Durante el periodo extraordinario del Congreso mexicano, se discuten diversas reformas que, de ser aprobadas, podrían abrir la puerta al acceso indiscriminado a datos personales y biométricos de la ciudadanía.
“Todas estas leyes forman parte de este gran rompecabezas donde, como dices, insiste el gobierno en obtener nuestros datos, y no nada más nuestros biométricos: serían básicamente datos de toda índole”, declaró, subrayando la gravedad de que se pretenda centralizar toda la información personal en un solo sistema sin controles efectivos.
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¿Qué riesgos hay si el gobierno accede a tus datos biométricos?
Una de las reformas más preocupantes es la modificación a la Ley General de Población, que busca la creación de una CURP biométrica como requisito para acceder a servicios públicos y privados. “Lo que va a generar una huella y la posibilidad de seguimiento de todas nuestras actividades”, advirtió la especialista.
Además, se contempla reformar la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, la Ley del Sistema de Seguridad Pública y la del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Estas leyes, en conjunto, permitirían la interconexión de bases de datos de instituciones públicas y privadas, ampliando el acceso a información sensible como registros fiscales, de salud, penales y hasta financieros.
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“Hoy justamente se está discutiendo en la Cámara de Diputados la reforma en materia de Guardia Nacional que trae escondida la facultad de la Sedena para llevar a cabo el espionaje”, alertó Pietrasanta. Agregó que estas reformas consolidan un modelo de vigilancia sin salvaguardas ni límites claros.
¿Qué tan segura es la plataforma del gobierno?
La abogada también puso sobre la mesa otra preocupación: la seguridad de esa información. “Muy seguido sufren de vulneraciones y filtraciones de datos. Ahora imaginemos que datos de toda índole estén acumulados en una sola base de datos… ¿cuáles serían las consecuencias?”, se preguntó, recordando casos previos de bases de datos filtradas o vendidas en mercados ilegales.
Un punto aún más alarmante es que estas leyes podrían permitir la conexión de empresas privadas a estas bases de datos, lo que implicaría la obligación de compartir la información que recaben. “Ya no es únicamente para acceder a servicios públicos, que de por sí eso ya es muy grave… también se requerirán a empresas”, explicó.
La especialista concluyó que más allá de la intención declarada de mejorar servicios o fortalecer la seguridad, estas reformas abren un riesgo serio a la privacidad de la población. “Estamos ante una ola de leyes que buscan ampliar y brindar facultades a autoridades para acceder a nuestros datos de manera indiscriminada”.