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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Laura Coronado, abogada y experta en cultura digital; Esteban Román, periodista y analista político; y Gabriel Regino, abogado, conversarán sobre la libertad de expresión.
Un preocupante panorama sobre el estado de la libertad de expresión en México y el avance de un totalitarismo digital fue trazado en la mesa de análisis. Especialistas en derecho y cultura digital, junto con un destacado periodista, manifestaron su inquietud por el uso instrumental de leyes concebidas para proteger, las cuales ahora se emplean para silenciar voces críticas y disidentes.
La discusión puso de manifiesto cómo instrumentos legales, como la legislación sobre violencia política de género, están siendo desvirtuados. El caso de un reconocido medio de comunicación, acusado por simplemente retransmitir una conferencia de prensa, ilustra esta problemática.
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"En este caso particular de esta sanción, lo que ocurrió fue que transmitimos una conferencia de prensa de Layda Sansores, en la que salió, con su lenguaje florido, a decir que 'Alito' Moreno había solicitado a las diputadas federales del PRI fotos íntimas. Eso es lo que dijo, eso fue lo que transmitimos, básicamente informamos que Layda Sansores, la gobernadora, decía que el líder de un partido cometía un delito. Eso es todo", contó el periodista Esteban Román.
A pesar de que la denuncia original no era directamente contra el medio, las autoridades electorales procedieron con sanciones económicas y la inclusión en un registro negativo, evidenciando una aplicación sesgada de la ley.
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"La denunciante no tiene que hacer nada más que decir: 'Yo me siento ofendida por esta razón'. No tiene que presentar pruebas, la denunciante no tiene que hacer absolutamente nada más que presentar la denuncia, y es obligación del INE recabar las pruebas para presentarlas ante el Tribunal Electoral y que decida las sanciones correspondientes. Y en nuestro caso, con lo que nos iban a penalizar por esto, es, no recuerdo exactamente la cifra, pero algo así como entre 20 mil y 30 mil pesos de sanción, era una disculpa pública, y era estar en este registro ominoso de personas violentadoras de género", agregó Román.
Se resaltó la dificultad de defensa para los afectados, quienes a menudo deben responder en un plazo de 72 horas, con la carga de la prueba recayendo injustamente sobre el denunciado. Esta situación se asemeja a una "prueba diabólica", donde se exige demostrar la ausencia de intención ofensiva.
"Y lo peor de todo es que está diseñado de tal manera este sistema para que tú no te puedas defender, porque la ley está puesta de tal forma que tienes que responder en 72 horas", expresó.
Los analistas señalaron que estas prácticas van más allá de una simple aplicación de la ley; constituyen un "fraude a la ley". Las normas, diseñadas para salvaguardar el bienestar comunitario, se transforman en escudos para intimidar y suprimir la disidencia.
Se subrayó la importancia de la madurez democrática para tolerar la crítica, un elemento que parece escasear en el actual entorno digital. La esfera pública, que alguna vez fue democratizada por el ciberespacio, ahora enfrenta la amenaza de ser controlada y censurada por aquellos que llegaron al poder gracias a ella.
"El Estado impone, el ciudadano se somete, se acabó. Entonces, solo lo que se diga en un púlpito es dogmático. Lo que va en contra de esa narrativa no existe, y es un ataque que se fue generando desde la administración presidencial pasada y que hoy subsiste", afirmó el abogado Gabriel Regino.
El debate también abordó la existencia de una "policía de la moral" en los hechos, donde incluso actos tan triviales como un "jajaja" pueden ser penalizados. Expertos observan una peligrosa tendencia hacia la hiper-sensibilización que limita el discurso y la opinión en un país donde la crítica es un pilar fundamental de la democracia.
"Estamos cayendo ya en extremos del totalitarismo, que eso es el riesgo. ¿Por qué? Porque ya se están creando figuras penales para castigar. Y tenemos hoy una nueva Inquisición en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal que llega al extremo de como si fuera una institución católica decirle: 'Tienes que hacer penitencia durante 30 días seguidos'. Eso, aparte de absurdo, de inadmisible, es hasta delictivo. Porque son 30 días seguidos donde tienes que ofrecer la disculpa", Mencionó.
Además, se hizo un llamado de atención sobre la instrumentalización de las instituciones y la percepción de que buscan "quedar bien" con el régimen en turno. Esta dinámica podría llevar a la validación de estructuras legales cada vez más restrictivas, incluso cuando sean inconstitucionales, sin que exista una oposición judicial efectiva.
La conversación amplió el foco hacia un contexto global, en el que se observa un auge de autoritarismos de diversas ideologías que atentan contra los valores liberales tradicionales.
La idea de imponer una "moral" sobre el pensamiento ajeno fue señalada como una característica preocupante del gobierno actual. Se argumentó que, aunque el apoyo popular se base en programas sociales, esto no debería traducirse en un mandato para imponer ideologías o limitar la libertad de expresión. La ausencia de una oposición política que aproveche este clima para defender las libertades individuales fue destacada como una debilidad.
Frente a este escenario, la invitación es clara: los ciudadanos deben trascender su rol de "usuarios" para convertirse en "ciudadanos digitales". Esto implica ser conscientes del poder de su voz en el ciberespacio, resistir la autocensura y construir comunidades que actúen como contrapeso.
"Ahí es el poder realmente de los ciberciudadanos, en lugar de ser usuarios que pasemos a ser ciudadanos digitales, es decir, que sí sepamos que tenemos este poder, que tenemos esta voz, que sí se puede replicar, que no caigamos en este tema de la autocensura, que hagamos comunidad", expresó Laura Coronado.
La sociedad tiene la responsabilidad de presionar a sus mandatarios para que reconozcan los límites del poder y defiendan las libertades fundamentales. La inacción, advirtieron los especialistas, podría resultar en una total incapacidad para defenderse ante un avance imparable hacia el control total. La clave es ejercer las libertades como nunca antes, porque renunciar a ellas significa construir el futuro que hoy se teme.
