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Tras casi dos décadas de encierro injustificado, Juana Hilda González Lomelí fue liberada. Acusada en 2006 de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, su historia es uno de los casos más emblemáticos de fabricación de culpables en México: el llamado caso Wallace.
El reciente fallo de la Suprema Corte que ordenó su liberación ha vuelto a colocar en la mesa la profunda descomposición del sistema de justicia mexicano, así como la responsabilidad de actores clave como Isabel Miranda de Wallace y diversas instituciones del Estado. Uno de los periodistas que más ha seguido el caso, Ricardo Raphael, autor del libro Fabricación, lo resumió con contundencia: "Una confesión obtenida mediante tortura no es una prueba lícita".
El montaje que lo cambió todo en el Caso Wallace
Durante una conversación con Manuel López San Martín en MVS Noticias, Raphael reconoció el largo camino que implicó documentar las irregularidades del caso. "Muy agradecido de tu invitación… esta batalla no la hice solo", dijo, recordando que fueron pocos los periodistas que se atrevieron a seguir el caso a pesar de las represalias.
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"Lo que hacen es reconocer que una confesión obtenida mediante tortura no es una prueba lícita… Juana Hilda lo denunció muchas veces y la autoridad nunca investigó".
El periodista también destacó otro punto poco debatido: los cargos por portación de armas. Según explicó, las armas encontradas estaban bajo la cama de su entonces pareja, un policía, y la acusación ignoró que Juana Hilda ya estaba detenida cuando se hallaron.
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"Porque dormía en la misma cama de un policía, ella estaba en posesión de esas armas… es un tema de género", sentenció.
El papel crucial de la Defensoría Pública
En medio del montaje y la negligencia, una institución resistió. Para Raphael, el Instituto Federal de Defensoría Pública fue clave para alcanzar la sentencia que liberó a González Lomelí.
"Si no hubiera sido por ese primer amparo que presentó el Instituto, por la recomendación ante la ONU que consiguió Salvador Leiva, no estaríamos aquí… La Defensoría Pública es la que sostuvo esta lucha".
Y no fue fácil. Detalló cómo varios de sus miembros fueron perseguidos, espiados con Pegasus o forzados al exilio. Tal fue el caso del propio Leiva, de Sofía de Robina o Taissia Losparcero.
A pesar del fallo, Raphael expresó su escepticismo hacia la Fiscalía General de la República, a la que calificó como el mayor obstáculo para que se haga justicia.
"Es exactamente la misma fiscalía que fabricó este caso… Braulio Robles Zúñiga sigue trabajando ahí adentro".
Criticó también al fiscal Alejandro Gertz Manero, a quien señaló como cómplice por haber solicitado aplazar audiencias clave y por mantener bajo persecución al personal de la Defensoría Pública.