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En entrevista para MVS Noticias con Daniel Guerra, en ausencia de Ana Francisca Vega, Sofía de Robina, secretaria Técnica del Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública, habló sobre la liberación de Juana Hilda González, sentenciada por el caso Wallace. La SCJN ordenó su libertad tras 18 años presa.
"Salió por una resolución que finalmente y después de muchos años, pudo atender las violaciones a derechos humanos en la acusación que había en su contra, y que bueno, finalmente hace valer que efectivamente la confesión que se le arrancó en una contexto que como ya mencionabas se da en arraigo, que es una figura de violatoria a derechos humanos; es una confesión que además que no tuvo defensa todo el tiempo y que además que fue en un contexto de tortura psicológico y que fue la base por la que se le acusó a ella y a cinco personas más", dijo.
Comentó que este miércoles la corte declaró nula la base central del caso, por lo que tenía que excluirse, y una vez se excluyeron las pruebas relacionadas con la confesión no hubo más pruebas en su contra, para generar más allá de toda duda razonable su responsabilidad y por lo tanto se resolvió su liberación.
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SCJN dicta una resolución histórica para los derechos humanos
Mencionó que es una resolución histórica, fundamental para los derechos humanos, en el caso de ella, de los procesados y de las víctimas en tortura.
Afirmó que aunque la resolución llega tarde, llega en un momento en que permite que Juana Hilda retome su libertad y reencontrarse con su familia.
"Hay que recordar que cuando sucedieron los hechos, la denuncia por el secuestro de la víctima, sucedió en julio de 2005, y seguramente algunos de los que no escucha, recordarán que en ese momento, incluso la ciudad se llenó de espectaculares con el rostro de las personas que posteriormente fueron detenidas, al mismo tiempo que se inició un proceso penal en su contra, ya habían sido prácticamente sancionadas mediáticamente, violando su presunción de inocencia", expresó.
Sofía de Robina añadió que se hizo todo un proceso que estuvo plagado de irregularidades, violaciones a derechos humanos, amenazas, no sólo para los procesados, sino también para sus familias y en muchos casos también para los abogados.