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La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar la visa a Marina del Pilar Ávila, actual gobernadora de Baja California y a su esposo Carlos Torres, ha encendido las alarmas tanto en México como en el ámbito internacional. Más allá de ser una sanción administrativa, la medida podría marcar el inicio de una serie de acciones más amplias contra figuras del ámbito político ligadas al crimen organizado y al contrabando de combustibles.
Jorge Fernández Menéndez, columnista de Excélsior y especialista en temas de seguridad, explicó en entrevista con Manuel López San Martín que esta acción no es aislada ni inesperada:
“Es el inicio de una serie de decisiones que está tomando el gobierno de Estados Unidos con personajes que tienen acusaciones desde mucho tiempo atrás… en dos vertientes fundamentales: una, relacionada con el crimen organizado, y otra, con el contrabando de combustibles, el llamado huachicol fiscal.”
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La falta de respaldo contundente por parte de actores políticos de Morena, que en otras ocasiones han cerrado filas frente a señalamientos, también resulta llamativa. Fernández Menéndez subrayó que la magnitud de la sanción va mucho más allá de un simple acto diplomático:
“Me asombra que la gobernadora y su esposo hablen de temas administrativos. Que le retiren la visa a una gobernadora en activo es algo inédito, nunca ha sucedido… Estados Unidos no va a dar explicación. La explicación que da es haberle quitado la visa.”
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Según el analista, el caso podría escalar a más altos niveles si las autoridades mexicanas no toman la iniciativa para investigar las posibles redes de protección política y empresarial que alimentan actividades ilícitas. El mensaje desde Washington es claro: habrá consecuencias si no se actúa.
“O se toma la iniciativa desde el gobierno federal para adelantarse a esos temas… o nos impondrán como país y a estos personajes las sanciones que devienen de las propias investigaciones que se llevan a cabo en Estados Unidos.”
En este contexto, Fernández Menéndez recordó que ya hay antecedentes de figuras internacionales a quienes se les ha retirado la visa por motivos similares, como el presidente colombiano Gustavo Petro o altos funcionarios venezolanos.
Agregó que esta línea de acción continuará en los próximos meses, particularmente en el marco de la renegociación del T-MEC, donde el combate a la corrupción y el crimen transnacional podría jugar un papel determinante:
“Si como decía hoy Marcelo Ebrard, en el segundo semestre de este año va a iniciar la negociación del T-MEC, Estados Unidos va a pegar estas negociaciones al desmantelamiento de estas tramas, sin duda.”
De confirmarse la profundidad de las acusaciones, el caso de Marina del Pilar Ávila podría ser apenas el primer golpe de una ofensiva más amplia. Gobernadores, alcaldes, legisladores y funcionarios podrían estar en la mira de las autoridades estadounidenses, en una trama que, lejos de concluir, parece apenas comenzar.