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En entrevista para MVS Noticias con Manuel López San Martín, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, habló sobre el decreto que prohíbe la interpretación de narcocorridos en eventos públicos, una medida que busca combatir la apología de la violencia y los mensajes que enaltecen a criminales.
“Hoy firmé un decreto administrativo para prohibir los espectáculos públicos donde se toque, cante o interprete música que haga apología de la violencia o de los grupos criminales. Esto aplica en jaripeos, palenques, conciertos y bailes a partir de mañana”, explicó.
El gobernador destacó que no todos los corridos están en la mira. “Por supuesto que no estamos prohibiendo los corridos populares. Hay piezas que forman parte del alma de México y de Michoacán, como Juan Colorado y Caminos de Michoacán. Lo que sí buscamos es erradicar la música que alaba a delincuentes y normaliza la violencia”, señaló.
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¿Cuáles son las sanciones para quienes ignoren esta medida?
La prohibición incluye sanciones como clausuras de locales, multas a organizadores y restricciones a municipios que autoricen este tipo de eventos. Los recursos obtenidos de las multas se destinarán a promover bandas de música tradicional en comunidades del estado, según indicó el gobernador.
Al ser cuestionado sobre los posibles efectos secundarios de la medida, como la creación de un mercado negro o corrupción, tras esta prohibición, Ramírez Bedolla aclaró: “La música no está prohibida en espacios privados. Si alguien quiere escuchar narcocorridos en su casa o en su vehículo, es su decisión. Nuestra responsabilidad como gobierno es garantizar la paz en eventos públicos y evitar que estos espectáculos sean una fuente más de violencia”.
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“Es un tema que agravia profundamente a la sociedad. No podemos hacernos de la vista gorda. Esta música convierte a criminales en modelos a seguir para los jóvenes, y eso es terrible. Necesitamos poner límites y fomentar una cultura sana y positiva”, añadió.
La prohibición de narcocorridos en eventos públicos representa un paso más en la estrategia del gobierno de Michoacán para reducir la violencia y recuperar el tejido social. Sin embargo, abre el debate sobre los límites entre regulación y libertad cultural, un tema que seguirá generando controversia en el ámbito nacional.