ENTREVISTAS ANA FRANCISCA VEGA

'Es preocupante que un país de migrantes se venda como la gran cárcel de migrantes': Óscar Martínez

E.UU. está enviando migrantes venezolanos a cárceles salvadoreñas bajo un acuerdo entre Trump y Bukele. Testimonios revelan abusos y violaciones de derechos humanos.

La decisión de Donald Trump de deportar a migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros ha derivado en su reclusión en cárceles salvadoreñas.
La decisión de Donald Trump de deportar a migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros ha derivado en su reclusión en cárceles salvadoreñas.Créditos: EFE
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Entrevista Óscar Matínez / Ana Francisca Vega

En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Oscar Martínez, jefe de información del medio salvadoreño El Faro, habló sobre el contexto de las cárceles salvadoreñas, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Desde mediados de marzo, un hecho alarmante ha sacudido la política migratoria de Estados Unidos y ha puesto en el centro del debate a El Salvador.

La decisión de Donald Trump de deportar a migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros ha derivado en su reclusión en cárceles salvadoreñas, en especial en el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (SECOT), donde impera el hermetismo absoluto.

Falta de transparencia y condiciones inhumanas

Oscar Martínez, jefe de información del medio salvadoreño El Faro, expone la gravedad de la situación. “No ha habido ningún documento público que nos explique cuál fue el pacto entre Trump y Bukele”, afirma Martínez. La falta de transparencia sobre esta operación deja muchas interrogantes: ¿cómo fue la selección de estos migrantes?, ¿cuál era su estatus legal en Estados Unidos?, ¿bajo qué figura migratoria se encuentran ahora en El Salvador?

Lo que se sabe, según testimonios de organizaciones humanitarias, es que la mayoría de estos migrantes no tenían antecedentes criminales ni procesos abiertos en Estados Unidos. “Esto simplemente ha sido el envío de todas estas personas a un centro de confinamiento donde Bukele solo permite que entren youtubers que le son cómodos a su régimen o periodistas, entre comillas, que son aliados de su régimen autoritario”, denuncia Martínez.

El SECOT se ha convertido en una cárcel hermética. No hay acceso para abogados ni organizaciones de derechos humanos, lo que impide conocer el estado de los migrantes. Informes extraoficiales sugieren que, durante su traslado a El Salvador, varios fueron golpeados en los aviones. “Hay algunos testimonios durante el traslado que hablaban de golpiza en el avión y algunos testimonios de mujeres venezolanas que finalmente fueron bajadas de uno de los tres aviones que condujo a todas estas personas a El Salvador”, agrega Martínez.

El Salvador: de país migrante a cárcel internacional

El Salvador, un país de migrantes con más de 2.5 millones de sus ciudadanos viviendo en EE.UU., se ha convertido en una cárcel internacional bajo el control de un gobierno que ya tiene uno de los regímenes penitenciarios más severos del mundo. En el país centroamericano, uno de cada 57 ciudadanos está encarcelado. “Hay más de 351 personas que no habían llegado a juicio y que han salido cadáveres de las cárceles de Bukele”, advierte Martínez, citando informes de organizaciones como Human Rights Watch.

El trasfondo político también es clave en esta situación. Bukele ha forjado una alianza con el trompismo, entregando a EE.UU. concesiones a cambio de apoyo político. Un ejemplo claro es la extradición de César Humberto Larios "Greñas", un líder de la Mara Salvatrucha buscado por narcoterrorismo en Nueva York. “Trump le ha enviado a este personaje a Bukele. Es un mensaje muy claro”, comenta Martínez, sugiriendo que esto podría ser una estrategia para silenciar a otros testigos clave.

El futuro es incierto, pero todo apunta a que El Salvador continuará recibiendo migrantes bajo este esquema, lo que refuerza su papel como la "gran cárcel" de los deportados de EE.UU. En medio de este panorama, activistas y organizaciones de derechos humanos insisten en la urgencia de esclarecer la situación y garantizar la seguridad de los venezolanos detenidos.