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En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Gabriel Espinoza Ibarra, especialista en transparencia y protección de datos personales, analizó la reciente propuesta de la creación de una nueva CURP para localizar personas desaparecidas.
En el marco de la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum, se presentó una serie de leyes secundarias para abordar la crisis de desapariciones en México, entre ellas la creación de una nueva CURP que incluiría datos biométricos.
Esta propuesta, liderada por Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, sugiere una plataforma única de identidad que incorporaría huellas dactilares y fotografía, un cambio significativo para los mexicanos. Sin embargo, el anuncio ha generado diversas preocupaciones en torno a la seguridad de los datos personales y la eficacia de la medida.
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El nuevo sistema de identidad
La nueva CURP, según lo anunciado, incluiría modificaciones significativas en el manejo de la identidad nacional. “Habrá una plataforma única de identidad a través de la CURP, que incluirá nuestras huellas dactilares y nuestra fotografía”, explicó Godoy. Este sistema se integraría con las bases de datos existentes, y se espera que facilite la localización de personas desaparecidas, una de las principales razones detrás de esta iniciativa.
En ese sentido, Gabriel Espinoza, especialista en transparencia y protección de datos personales, expresó sus dudas sobre la conexión entre el nuevo sistema y la búsqueda de desaparecidos. “Para mí no hay una conexión entre el medio y la finalidad. Esto se puede hacer, por un lado, con la fiscalía, que ya tiene una base de datos forenses”, dijo Espinoza en entrevista.
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El especialista destacó que el país ya cuenta con sistemas que recogen datos biométricos, como la credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), la cual también contiene huellas digitales y fotografía. Según Espinoza, la creación de una nueva CURP podría resultar redundante: “Ya tenemos estos datos biométricos por parte del Instituto Nacional Electoral que bien podría pedir gobernación y las fiscalías para tratar de identificar a estas personas”, agregó.
Además, Espinoza alertó sobre los riesgos de acumulación de datos sin una justificación clara. “Cuando hablamos de protección de datos personales tenemos que considerar los riesgos de captar esta información. No podemos acumular datos sin saber cuáles son los riesgos”, subrayó.
La falta de autonomía en la protección de datos
Uno de los puntos más críticos planteados por Espinoza fue la preocupación por la falta de un organismo autónomo que garantice la protección de los datos personales. El INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) fue disuelto recientemente, lo que ha dejado un vacío en cuanto a la supervisión y control de la seguridad de los datos sensibles.
“Ahora, quién será quien garantice este derecho es la Secretaría Anticorrupción, que está subordinada al Ejecutivo Federal, lo que resulta preocupante porque no hay incentivos para garantizar la imparcialidad en las decisiones sobre protección de datos”, explicó Espinoza.
Costos y viabilidad de la nueva CURP
Otro tema que genera inquietud es el costo de implementación de este nuevo sistema de identificación. El presupuesto anual del INE para la emisión de credenciales de elector es significativo, y la creación de una nueva CURP podría implicar una inversión aún mayor. Espinoza indicó que, en un contexto de medidas de austeridad, es incierto cómo se financiará este proyecto.
“Ahora no sabemos, además, en el contexto de presuntas medidas de austeridad, cuál será el costo en implicación de tener no solamente un instrumento que nos dé identidad, sino que también nos dé la certeza de que efectivamente la persona que nos está mostrando esa credencial está relacionada con esta persona”, comentó.