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El estallido de un coche bomba en el primer cuadro de Coahuayana, Michoacán, volvió a colocar en el centro de la discusión la forma en que el gobierno federal clasifica —y políticamente administra— los episodios de violencia extrema relacionados con el crimen organizado. Aunque la primera etiqueta con la que se abordó el caso apuntó al terrorismo, la investigación transitó hacia la clasificación de delincuencia organizada, una decisión que, según especialistas, evidencia un patrón de resistencia oficial a reconocer un fenómeno que ya se manifiesta con tácticas propias del narcoterrorismo.
En entrevista con Ana Francisca Vega, el consultor en seguridad pública David Saucedo explicó las motivaciones políticas, económicas e internacionales que estarían detrás de la postura gubernamental, así como la relevancia del historial violento en la región y la necesidad de actualizar estrategias como el llamado “Plan Michoacán”.
Gobierno federal rechaza el término “narcoterrorismo” para no fortalecer narrativa de EEUU
Saucedo señaló que existe una clara intención del gobierno de Claudia Sheinbaum de evitar el uso del término narcoterrorismo por las implicaciones diplomáticas y económicas que conlleva. En sus palabras:
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“Hay una resistencia del gobierno federal a denominar estos eventos de alto impacto como actos de narcoterrorismo, en parte porque el gobierno de Claudia Sheinbaum no quiere fortalecer la narrativa del gobierno de los Estados Unidos que ha tratado de caracterizar a estos grupos del narcotráfico como grupos terroristas, en un intento de evitar la intervención y el uso del poderío militar americano.”
De acuerdo con el especialista, también pesa el cálculo político interno:
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“Habría una afectación de la imagen de México a nivel internacional que provocaría una reducción de las inversiones y de los flujos turísticos… hablar de narcoterrorismo con estas imágenes del coche bomba también genera una percepción negativa que afecta la imagen de Morena y de la propia presidenta Claudia Sheinbaum.”
Negar la realidad impide construir una estrategia antiterrorista efectiva: Saucedo
Saucedo advirtió que minimizar estos hechos tiene un costo operativo y estratégico:
“Negar la realidad impide varias cosas. No tenemos un presupuesto antiterrorista como tal… no tenemos convenios firmados a nivel internacional con países que tienen más experiencia en el combate de este flagelo… y algunas entidades que tendrían que tener más atribuciones para el tratamiento de artefactos explosivos siguen sin tener unidades antiterroristas.”
El especialista insistió en que negar el fenómeno no lo hace desaparecer:
“Negar la realidad, como tú bien señalas, no significa que esta vaya a desaparecer. Incluso negarla implica que el problema lo estamos atendiendo sin estar totalmente preparados.”
Coahuayana: años de ataques, artefactos explosivos y disputa entre cárteles
Aunque la fiscalía todavía analiza si la explosión fue intencional o accidental, Saucedo subrayó que el contexto regional tiene un peso específico:
“En Coahuayana hay un largo historial de eventos similares, incluso la utilización de minas terrestres… la utilización de drones con cargas explosivas y ahora coches bomba. No se trata de un hecho aislado.”
El consultor vinculó directamente la violencia con la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos:
“Quien ha estado atacando a la policía comunitaria de Coahuayana desde hace cuando menos 5 años han sido los integrantes del Cártel Jalisco… tratan de apoderarse de este municipio, que es clave para tener el control de la zona costera.”