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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Efraín Morales, director de la Conagua abordó de cómo Conagua aclara y defiende la reforma a la Ley de Aguas.
La reforma del agua presentada en el Congreso busca cambiar el régimen actual y poner fin al acaparamiento de concesiones.
La propuesta tiene como objetivo evitar que las concesiones se comercialicen como mercancía, lo que ha generado serios problemas como la sobreexplotación de mantos acuíferos.
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Asimismo, se ha creado un mercado paralelo que ha resultado en abusos como el uso del agua para campos de golf en lugar de abastecer a comunidades agrícolas.
Reforma a la Ley de Aguas preocupa a pequeños productores
La reforma ha enfrentado una intensa desinformación que ha generado preocupaciones infundadas entre los pequeños productores. Morales enfatizó que “la ley permite que se hereden las propiedades con títulos de concesión. La criminalización de los productores es totalmente falsa”.
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Esta confusión se ha extendido a la idea de que los agricultores perderán sus derechos sobre los pozos de agua, lo cual también ha sido desmentido por el director de Conagua.
"La Conagua no va a quitar los pozos a las personas"; esa es una de las afirmaciones que ha sido repetida sin fundamento, dijo Morales. En cambio, la reforma busca asegurar que el agua se gestione como un bien estratégico y un derecho humano, priorizando su acceso a quienes realmente lo necesitan.
Reforma podría redefinir la gestión del agua en el país
La iniciativa también propone garantizar procesos más directos y expeditos para la obtención de concesiones, prometiendo que los nuevos titulares de concesiones pueden recibir títulos en un tiempo promedio de 20 días.
Esto es un cambio significativo respecto a la burocracia acostumbrada. "Estamos construyendo un acto de justicia para que pequeños y medianos productores cuenten con el agua suficiente para producir alimentos", concluyó Morales.
A medida que el debate avanza en el Senado, la comunidad agrícola observa atentamente cómo esta reforma podría redefinir la gestión del agua en el país. La pregunta sigue en el aire: ¿será suficiente para garantizar un acceso justo y sostenible al agua en México?