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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Rubén Moreira, diputado del PRI, habló sobre la aprobación al dictamen de la nueva Ley General de Aguas.
La discusión sobre la Ley de Aguas volvió a encender tensiones en la Cámara de Diputados. Rubén Moreira, advirtió que el dictamen aprobado por la mayoría oficialista presenta “vicios de origen”, afecta derechos agrarios y podría generar “intranquilidad jurídica” en todo el país.
Desde el inicio, Moreira señaló que el proceso legislativo avanza con rapidez: “Si no hay ningún legislador de los que están anotados con reservas, esto debe estar acabando más allá del mediodía”. Sin embargo, aseguró que el fondo del problema es grave.
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“No hicieron la consulta a pueblos originarios; es un requisito constitucional”
El priista acusó que Morena impulsó la Ley de Aguas sin cumplir con la consulta obligatoria a pueblos indígenas. “La Constitución, artículo 2, fracción 13, señala claramente que cuando haya intereses de los pueblos originarios debe hacerse consulta pública. Si no, no se puede legislar. Y resulta que no hicieron la consulta”, subrayó.
Moreira afirmó que, al exhibir esta omisión en tribuna, “desquició a la mayoría”, pues intentaron justificar el dictamen con consultas realizadas en 2019 y 2021: “La ley es muy clara, tenían que haber consultado la iniciativa del Ejecutivo. No lo hicieron”.
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Disposiciones confusas y riesgo para pequeños productores
Otro de los puntos críticos, dijo, es que el dictamen mantiene la prohibición de transmitir derechos de concesión: “En la última reserva de Morena se mantiene el texto que dice que los derechos no serán objeto de transmisión. Si dicen que sí se podrá, pues quítenle esas palabras… pero no las quitaron”, criticó.
El diputado advirtió que esto afecta tanto a pequeños productores como a grandes propietarios. “Si hay acaparadores, pues Conagua tiene facultades para deshacer esos monopolios. No puedes perjudicar a cientos de miles por casos aislados”, afirmó.
Moreira también señaló que la ley criminaliza prácticas comunes en zonas rurales. “Si yo te mando unas pipas porque veo que tienes una necesidad, eso sería delito y merece cárcel. Es una visión centralista, llena de prejuicios”, dijo.
Centralización y “control político” del agua
Para el legislador, la nueva Ley de Aguas concentra excesivamente las facultades en la Ciudad de México y perpetúa prácticas que complican el acceso a trámites. “Dijeron que quitaron la negativa ficta… no es cierto. La dejaron en el artículo 89. Aquí la respuesta es no por default”, señaló.
Denunció que este marco abre la puerta al uso político del recurso: “Es un sistema para controlar, centralizar, recaudar y hacer nuevas asignaciones de volúmenes. Ponen en riesgo la producción”.
Un cambio de régimen y una ley sin consensos
Según Moreira, la premura por aprobar la Ley de Aguas forma parte de una estrategia más amplia. “Creemos que estamos ante un cambio de régimen donde ellos tienen una receta: apoderarse del INE, del Tribunal Electoral, controlar el agua…”, afirmó.
El priista lamentó que las preocupaciones de campesinos y pueblos originarios hayan sido minimizadas: “No puedo decirle a un campesino que es movido por alguien cuando le pueden quitar el agua de su tierra”.
También alertó sobre escenarios legales: “La ley entra en vigor y dentro de un mes los pueblos originarios pueden impugnar. Están generando intranquilidad jurídica”. Moreira concluyó con una advertencia mayor: “Ayer suprimieron la Comisión Nacional de Zonas Áridas, que atendía a los más pobres. ¿Cuándo van a producir?”
Mientras la Ley de Aguas avanza rumbo al Senado, crecen las tensiones políticas y sociales alrededor de una reforma que podría transformar la administración del recurso más estratégico del país.