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La detención de Raúl Meza, joven detenido durante las movilizaciones del pasado 02 de noviembre en Michoacán por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, encendió las alertas por el uso de figuras penales graves, presuntos actos de tortura y un trato diferenciado frente a otros detenidos.
En entrevista con MVS Noticias, el periodista Ignacio Villaseñor detalló cómo el caso expone prácticas que podrían constituir criminalización de la protesta social y violaciones graves a derechos humanos.
El delito de sabotaje y la construcción de un “preso político”
Ignacio Villaseñor explicó que a Raúl Meza se le imputaron los delitos de sabotaje y daño a las cosas, una acusación que calificó como atípica y desproporcionada para el contexto de una protesta social.
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“El tema es este cargo de sabotaje, que no es normal que se le atribuya a una persona, porque tendría que haber un concepto ideológico o una intención, prácticamente como si fuese un terrorista que busca afectar la vida pública del Estado”.
De acuerdo con el periodista, la acusación carecía de sustento, pues no se afectaron servicios básicos ni infraestructura estratégica. Por ello, señaló que el caso se entendía como un delito de carácter político.
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“Por eso se estaba diciendo que era un delito meramente político”.
Villaseñor subrayó que, aunque ocho personas fueron detenidas bajo los mismos cargos, Raúl Meza fue el único que permaneció encarcelado, lo que abonó a la idea de que se estaba fabricando un preso político.
“A pesar de que todos tenían exactamente los mismos cargos, se les dio libertad inmediata y el único que permanecía ahí era Raúl”.
Videos documentan tortura y encubrimiento
El periodista relató que el caso se agravó tras la difusión de videos que muestran actos de tortura cometidos durante la detención.
“Publicamos videos de cómo fue víctima del llamado tehuacanazo por parte de un elemento de la policía”.
Villaseñor afirmó que el responsable de esta agresión era un exmilitar y que el jefe de escoltas del gobernador José Guadalupe Gaona estuvo presente minutos después, cuando Meza fue interrogado.
“Un minuto después de esta misma tortura entrevistó a Raúl Meza, le pidió la contraseña de su celular y después otro elemento le quitó el celular, justamente para borrar toda la evidencia”.
Para Villaseñor, la gravedad del caso radica en que el propio gobierno estatal es el quejoso, por lo que la liberación dependía únicamente de su voluntad política.
“Solamente era que ellos se desistieran de este delito de sabotaje”. Finalmente, se acordó un cambio de medidas cautelares, con lo que se retiró la prisión preventiva oficiosa. “Fue liberado, pero el proceso legal aún sigue su curso”.
Investigaciones sin avances y contradicciones oficiales
Sobre las agresiones documentadas, Villaseñor indicó que se abrió una carpeta de investigación interna, aunque sin resultados visibles. “Se abrió una carpeta de investigación interna de la cual no ha habido mayor información”.
Respecto al jefe de escoltas del gobernador, señaló que no existe notificación de alguna investigación, pese a que su versión oficial fue desmentida por videos grabados dentro del Palacio de Gobierno.
“Había dicho que él no había estado el 2 de noviembre en el Palacio de Gobierno, lo cual fue desmentido con todos estos videos”.
Detención violenta desde el primer momento
Villaseñor explicó que la violencia comenzó desde el instante mismo de la detención, contradiciendo los informes policiales.
“En los videos se ve que le están golpeando las costillas, ahí fue la detención y estaba en el patio del Palacio de Gobierno”. Detalló que en un lapso aproximado de diez minutos se concentraron los golpes, la tortura y el interrogatorio.
“Todo esto ocurrió en cuestión de diez minutos. Toda esta tortura fue ahí mismo”.