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En entrevista con Manuel López San Martin para MVS Noticias, Francisco Burgoa abogado constitucionalista y profesor en la Facultad de derecho de la UNAM habla de los pros y contras de la reforma a la Ley de Amparo.
El reciente anuncio sobre la aprobación de la reforma a la ley de amparo ha desatado una ola de preocupaciones entre expertos legales y defensores de derechos humanos en México. Con la rapidez con la que se ha gestionado su aprobación, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor en la UNAM, advierte que puede sentar un precedente negativo para las libertades individuales.
"La reforma se publicó en horas después de su aprobación en el Congreso; esto es una muestra clara de la premura del gobierno por imponer su agenda", señaló Burgoa. Este cambio en la ley establece medidas que pueden dificultar el acceso a la justicia, especialmente para colectividades vulnerables.
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Burgoa destacó que la modificación introduce requisitos más estrictos para que comunidades indígenas o grupos afromexicanos puedan presentar amparos.
"La necesidad de demostrar un interés directo para presentar acciones legales será un obstáculo considerable para aquellos que intentan defender sus derechos", advirtió.
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Además, el abogado subrayó la preocupación sobre el aumento de los poderes del Estado. "Esta reforma parece estar diseñada para favorecer a las autoridades en lugar de a los ciudadanos", enfatizó. El enfoque en otorgar más control a los jueces electos, que pueden estar alineados con el poder político, genera inquietud acerca de la independencia del sistema judicial.
En este contexto, la voz de personalidades como Olga Sánchez Cordero, quien se abstuvo de votar en contra de la reforma a pesar de criticarla, también resuena. "Su decisión de no alzar la voz refleja una falta de compromiso con el estado de derecho", opinó Burgoa.
La reforma a la ley amparo ya está en vigor y se espera que tenga un impacto directo en la defensa de los derechos humanos. La comunidad jurídica y los ciudadanos, por lo tanto, deben estar alerta y listos para actuar ante las nuevas limitaciones que se imponen. La sutil erosión de nuestras libertades puede ser el principio de un cambio más grande en la relación entre el ciudadano y el Estado.