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En una entrevista con Adrián Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín, para MVS Noticias, Marisol Méndez Cruz, coordinadora de incidencia de la Fundación para la Justicia, destacó que las políticas migratorias implementadas en los últimos años han carecido de un enfoque humanitario, lo que ha derivado en violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
"El balance en materia migratoria, no solo en el año, sino en el sexenio que acaba de terminar, ha sido desafortunado", explicó Méndez Cruz, afirmando que "se ha militarizado la migración; se han utilizado fuerzas militares, como la Guardia Nacional, para detener el flujo migratorio tanto en la frontera sur como en la frontera norte".
Además, mencionó incidentes trágicos como el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023, donde murieron 40 personas debido a la negligencia en abrir las puertas para permitir su evacuación.
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La situación se agrava con las políticas implementadas en colaboración con Estados Unidos, como el programa "Quédate en México" y el Título 42, que han obligado a miles de migrantes a esperar en condiciones precarias en territorio mexicano.
"Estados Unidos no debería expulsar a personas sabiendo que pueden estar en situación de riesgo al llegar a su país de origen, porque sabemos que varios de esos países centroamericanos tienen situaciones de violencia, de pandillas, donde la gente también migra por salvar su vida", aseguró.
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Respecto a las medidas anunciadas por el gobierno mexicano para proteger a los connacionales en Estados Unidos ante posibles deportaciones masivas, Méndez Cruz aplaudió los esfuerzos, como la preparación de la red consular y la contratación de abogados. Sin embargo, también señaló un doble estándar: “El gobierno defiende a los mexicanos en el extranjero, pero no aplica el mismo enfoque humanitario hacia los migrantes extranjeros en su propio territorio”.
En cuanto a las estaciones migratorias, indicó que no se han realizado cambios sustanciales desde el trágico incidente en Ciudad Juárez. "La detención sigue siendo la norma, cuando debería ser la última ratio. Emigrar no es un delito, pero mantener a las personas en condiciones inhumanas sí lo es", afirmó.
Finalmente, criticó la falta de respuesta del gobierno a una carta enviada por más de 80 organizaciones de la sociedad civil en diciembre de 2024, donde se solicitaba una reunión para coordinar estrategias ante los retos migratorios. “Esperamos que haya una voluntad política real para trabajar de manera conjunta y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes”, concluyó.
La situación migratoria en México y la región exige respuestas integrales y un cambio de paradigma hacia políticas basadas en derechos humanos, tal como lo demanda la sociedad civil y las organizaciones internacionales.