Audio relacionado
En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Salvador Mejía, socio de ASIMETRICS y coordinador de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil de la Barra Mexicana de Abogados, habló sobre que el Gobierno de CDMX emite el decreto de reforma en materia de Propiedad Privada, Pública y Social.
"Creo que he escuchado a dos que tres colegas opinar en medios de comunicación respecto a esta modificación a la Constitución de la Ciudad de México, pero también he escuchado a muchos politólogos y politólogas hablando del tema; pero creo que todos están cayendo en un error de fondo, quieren explicar esto desde la perspectiva jurídica, y creo que nos está haciendo falta otra parte, que vamos a llamarla 'lawfare', que no es otra cosa, es un anglicismo, de el uso del derecho como una herramienta militar, el uso del derecho para destruir al enemigo", dijo.
¿Qué representa la reforma en materia de Propiedad Privada, Pública y Social en la CDMX?
Cuestionó cómo es que en el acto protocolario, cuando se anuncia la modificación para la Constitución de la Ciudad de México ¿Qué hace el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez? ¿Qué hace ahí una persona cuyo trabajo esencial por ley es el de detectar y perseguir el dinero de la delincuencia organizada, el dinero de los cárteles? Y ¿Cuál es el mensaje que se quiere enviar?
Te podría interesar
Afirmó que el mensaje está detrás de lo que dijo el Jefe de Gobierno, Martí Batres, que se refiere a que se dificulta que el actual poder judicial, el que todavía existe, pueda realizar interpretaciones de las rondas locales, en favor de los grupos económicos más poderosos.
"Están eliminando todas las posibilidades para que los ciudadanos que se vean afectados en su patrimonio puedan defenderse ante tribunales, yendo en contra de la Constitución misma, yendo en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José", expresó.
Salvador Mejía aseguró que están dando una nueva definición a la propiedad privada, y añadió que se podrá expropiar cuando los inmuebles no cumplan con una función social.