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En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Alejandra Spitalier, abogada constitucionalista y columnista, habló sobre que ¿México atraviesa una crisis constitucional?
La experta cuestionó las resoluciones del Poder Judicial, calificándolas de ilegales y argumentó que, lejos de una crisis generalizada, lo que se observa es un conflicto de intereses y extralimitación del Poder Judicial.
Explicó que la intervención del Poder Judicial Federal en la revisión de la reforma constitucional plantea un precedente sin antecedentes en la historia reciente del país.
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La abogada recordó que, según criterios establecidos anteriormente por la propia Corte y jueces federales, el texto de la Constitución no es impugnable por tribunales inferiores, ya que el Poder Judicial está subordinado a la Constitución.
Para modificarla, explicó, se debe seguir un procedimiento específico, el cual fue cumplido en la aprobación de la reforma judicial.
“Están emitiendo sentencias fuera de sus atribuciones legales y constitucionales”, advirtió.
Añadió que se genera una narrativa errónea, donde se acusa a las demás autoridades de no acatar fallos que, desde su perspectiva, son ilegales.
¿Juez y parte en el conflicto?
Uno de los puntos más críticos que señaló Spitalier fue el conflicto de interés del Poder Judicial en este proceso. Destacó que los jueces y magistrados, al haberse pronunciado en contra de la reforma y haberse sumado a paros laborales, comprometen su imparcialidad.
“El Poder Judicial no puede ser parte en estos juicios, porque tienen un interés personal en el resultado de la reforma”, subrayó.
La abogada también cuestionó la legitimidad de las sentencias emitidas por la SCJN y los jueces federales, afirmando que existe poca probabilidad de que se resuelvan en contra de sus propios intereses.
“Si la presidenta Claudia Sheinbaum o cualquier otra autoridad impugna estas resoluciones, es casi un hecho que se confirmarán”, aseguró.
Alejandra Spitalier recordó otro momento clave que ejemplifica la extralimitación judicial, refiriéndose al caso del juez De la Peza, quien en su momento ordenó a la Sala Superior del Tribunal Electoral que integrara a los magistrados necesarios para calificar la elección presidencial. Sin embargo, el tribunal no acató la orden, argumentando que el juez carecía de competencia para emitir esa resolución.