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En entrevista con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas, Paulina Creuheras, consultora jurídica de Integralia, alertó sobre la reforma administrativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
"Es una iniciativa bastante ambiciosa. Propone modificar 23 ordenamientos, bajo tres grandes rubros: revertir actos de corrupción, prevenir actos dañinos al erario y al interés público y fortalecer la administración pública federal", contextualizó la especialista en derecho constitucional.
Dichos artículos legislativos tienen que ver con el uso del presupuesto federal, revocación de obras, permisos, licitaciones y terminación de contratos por parte del Estado.
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“El Estado ha tenido que pagar indemnizaciones millonarias y ahora quieren toparlas. Este tipo de medidas alejan la inversión”, agregó.
De aprobarse, esta reforma tendría un gran impacto en el sector carretero, ferroviario y cualquier proyecto de infraestructura.
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Más riesgos de la reforma administrativa de AMLO
De acuerdo con la entrevistada, otra cuestión que les preocupa es la cláusula exorbitante, la cual propone su inclusión en cada uno de los contratos de adjudicación.
“Prevé que la administración pública puede terminar el contrato por interés público, es solo para adjudicaciones”, mencionó. “Sí se prevé el pago de indemnización, pero no está determinado cuáles van a ser los criterios”.
Sin embargo, esto no aplicaría en términos energéticos debido a que ese sector tiene sus propias leyes, las cuales no se están modificando.
Sobre la austeridad
Entre otros factores se modifican leyes concernientes a nuevas obligaciones para el Poder Judicial de la Federación y otros funcionarios en cuanto a sueldos y remuneraciones.
“Los servidores públicos no pueden trabajar en empresas privadas del sector previamente regulado. Antes la Ley de Austeridad decía 10 años para todos. Ahorita empieza en 4 y termina en 10”, explicó.
Esta cuestión “generaría que quien busque entrar al servicio público tenga este candado, va en contra de la especialización técnica que deben tener los funcionarios”, según la especialista.
Paulina Creuheras aclaró que si se aprueba esta reforma administrativa de AMLO generará muchos amparos y mecanismos previstos en tratados internacionales como el T-MEC.