El 24 de marzo de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa presidencial de reforma administrativa para modificar 23 leyes federales concernientes a la Administración Pública, la cual, de aprobarse, facultaría al gobierno de revocar o modificar permisos y concesiones de manera más fácil, entre otras acciones.
Por medio del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el mandatario compartió el oficio con la propuesta “con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia administrativa” al presidente de la Mesa Directiva de la cámara baja, Santiago Creel Miranda.
De acuerdo con la firma de abogados Mijares Angoitia Cortes y Fuentes, esta reforma administrativa de AMLO “busca fortalecer la rectoría de la economía por el Estado y el margen de actuación de dependencias de la Administración Pública Federal”.
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Lo anterior, sobre todo, en relación con recursos públicos, así como con la participación del sector privado en varios sectores económicos.
Según el despacho, representa “un modelo con mayor intervención del Estado en la prestación de servicios públicos y la realización de obras de infraestructura”.
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De esa forma, se otorgan facultades al gobierno federal con mayor "discrecionalidad", afectando proyectos en el futuro, así como la seguridad de las inversiones, señala la firma.
¿Qué implica la reforma administrativa de AMLO?
El despacho de abogados apunta que se busca reformar disposiciones relacionadas con los siguientes aspectos:
- Presupuesto federal
- Contratación de obras
- Revocaciones de permisos y concesiones
- Terminaciones de contratos
- Licitaciones
- Indemnizaciones por parte del Estado
A mayor profundidad, la reforma administrativa de AMLO pretende que el juicio de lesividad, un procedimiento administrativo “para revocar actos de autoridad favorables de carácter particular” por parte de la administración pública, proceda en contra de resoluciones favorables para el particular.
En especial, en contra de actos administrativos que generen un daño a la Administración Pública Federal o al orden público.
Esta propuesta también establece que los actos administrativos “sean declarados nulos de oficio o a petición de parte interesada”, lo cual no es posible actualmente.
Asimismo, cuando un acto nulo se complete y no se pueda retrotraer sus consecuencias, se empezarán procedimientos de responsabilidad administrativa, civil y penal.
¿Qué pasa con los permisos y concesiones?
Se busca “establecer como causales de procedencia de la revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias” hechos supervinientes que afecten al interés público, general o social.
Además, se podría modificar la concesión o permiso para imponer nuevas condiciones, las cuales tendrá que cumplir el titular.
La firma de abogados aclara que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es supletoria a leyes administrativas de carácter federal, por lo que esta legislación afectaría en el sector carretero, energético, ferroviario y minero.
De la misma manera, en la reforma administrativa de AMLO se incluye la “cláusula exorbitante”, la cual permitiría que se termine el contrato de manera anticipada y por interés público.
Las indemnizaciones no procederán por el resarcimiento de los daños cuando los titulares incumplan con sus obligaciones, cuando se termine el contrato por interés público, se haya recuperado la inversión o no se realice algún acto para cumplir el objeto principal del instrumento jurídico.
Respecto a la austeridad gubernamental, se limitará a los funcionarios a que cuando terminen su cargo, no puedan trabajar con particulares que prestaba servicios.
Tendrán que esperar cuatro años y en el caso del presidente, una década.
Estado podrá recuperar inmuebles en menos tiempo
Un punto más que destaca de la reforma administrativa de AMLO es la recuperación de inmuebles por la vía administrativa, un procedimiento para que el gobierno recupere la posesión de bienes del dominio público por su explotación o uso sin permiso o concesión.
Con esta propuesta, el plazo para la entrega del bien tiene un límite de 72 horas.
De igual manera, se incluye el “principio de confianza” para que los proyectos de infraestructura inicien antes de tener los permisos necesarios si son urgentes o involucran el desarrollo económico del país, defensa de la soberanía o la seguridad nacional.
La reforma administrativa de AMLO debe ser votada por la Cámara de Diputados y el Senado. Para su aprobación o desechamiento, se necesitan mayorías simples.