El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso, a través de una iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, darle a la Federación “instrumentos jurídicos para salvaguardar de manera eficaz el interés público y social”, con el fin de hacer cumplir distintos derechos como el de acceso a un medio ambiente sano y al agua.
También a la conservación y mejoramiento del hábitat y la preservación de las tierras de pueblos y comunidades indígenas.
El documento entregado a los diputados federales indica que se pretende “corregir” actos emitidos que violan la ley, así como disposiciones que ya no cumplen las funciones para las cuales se implementaron.
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Austeridad y remuneraciones
Plantea modificaciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y ordenamientos que regulan al Poder Judicial, a organismos autónomos y la propia Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Lo anterior, con el fin de obligar a todos los servidores públicos en esos ámbitos a cumplir con los límites de las remuneraciones, que no deberán ser en ningún caso mayores a las del Presidente de la República.
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También para asegurar que esas instancias cumplan sin falta la política de austeridad republicana.
Evitar desviación de recursos públicos
En la argumentación, señala que también se busca impedir la desviación de recursos públicos en la administración pública federal.
Asimismo “fortalecer la rectoría del Estado” y la actuación de las dependencias del gabinete, para actuar de manera oportuna en la prestación de servicios públicos y el “resguardo” de los intereses de la nación.
El texto se divide en tres apartados: revertir actos de corrupción, prevenir actos que lesionen el “interés público o causen daño al erario" y fortalecer la administración pública federal.
Impedir actos de corrupción
Plantea reformar las figuras del “juicio de lesividad” previsto en normas como la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con el fin de aclarar cuáles son resoluciones administrativas que se considerarán ilegales.
Prevé “complementar” el “procedimiento de nulidad” establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para establecer los casos en que será procedente, cuando actos administrativos no cumplan con los elementos de validez.
Evitar daño al erario
Contempla revocar actos administrativos por “hechos supervinientes” que afecten el interés público, general o social.
“Reforzará” la contratación de bienes y servicios a nivel nacional e internacional, incluyendo de manera obligatoria una “cláusula exorbitante”, estableciendo límites claros para la procedencia y cuantificación de indemnizaciones.
Apuntalará las adquisiciones de bienes en el mercado internacional, cuando estas ofrezcan mejores condiciones para el Estado.
Revocación de actos administrativos
Indica que esa figura prevista en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplica cuando se considera que hay afectaciones al interés público, general o social.
A la norma se agregará que será causal de revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, “hechos supervinientes que afecten el interés público, general o social, causen desequilibrio económico, social, ambiental o de cualquier otra índole”.
Agrega que si aplica la revocación de actos administrativos, se puede modificar el acto señalado y establecer las nuevas condiciones a cumplir por parte de los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias.
Cláusula exorbitante
El proyecto indica que esa figura se aplicará para que el Estado tenga la capacidad de terminar relaciones jurídicas de manera anticipada y unilateral, con actores a nivel nacional o internacional, cuando convenga al interés público, general o social.
Esto, para cuidar el presupuesto en la contratación de bienes, arrendamientos, servicios y obras públicas.
Límite al pago de indemnizaciones por parte del Estado mexicano
Agrega que para evitar reclamaciones “fraudulentas” de indemnizaciones, a través de instancias de arbitraje internacionales contra el Estado mexicano, se prevé cambiar la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la Ley de Expropiación y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Lo anterior, para poner límites a los montos de indemnizaciones que pagará el Estado mexicano, en procedimientos jurisdiccionales o arbitrales tanto nacionales como extranjeros.
Brincarse las licitaciones nacionales
Propone cambios a la Ley de Adquisiciones, para permitir al Estado comprar bienes en licitación pública internacional, sin que se haya agotado la licitación pública nacional.
Ello, cuando haya una investigación y evidencia de que compras al exterior se darán en mejores condiciones para el Estado.
El proyecto incluye ajustes en aspectos legales como la recuperación de inmuebles por la vía administrativa, para hacerla más ágil y rápida.
Prevé que la asignación de servicios públicos a entidades paraestatales sea por tiempo indefinido.
Y también contempla la agrupación de paraestatales en distintos sectores, no solo el económico, sino de interés público y social e incluso de seguridad nacional.