Accionistas de CIBanco, presentaron un recurso legal contra el Departamento del Tesoro ante la Corte Federal del Distrito de Columbia y está dirigida directamente contra el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y contra la directora del FinCEN, Andrea Gacki.
CIBanco está intervenido en México e impedido de hacer pronunciamientos, pero es acusado de facilitar servicios relacionados con organizaciones delictivas mexicanas como el Cártel del Golfo, Cártel de los Beltrán Leyva y Cártel Jalisco Nueva Generación, además refiere que se abrió una cuenta en 2023 “supuestamente para lavar” fondos y hasta 26 mil dólares canalizados por intermediarios vinculados a cárteles entre agosto y septiembre de 2024.
CIBanco advierte que la sanción impuesta es ilegal, viola el debido proceso y la presunción de inocencia, y coloca a la institución en riesgo de “desaparición inminente”, lo que afectaría a miles de personas, incluidos inversionistas estadounidenses, empleados estatales y locales, así como los más de 3 mil trabajadores de la institución, que podrían ser despedidos si el banco cesa operaciones internacionales o reduce drásticamente su actividad.
Cabe recordar que a finales de junio, FinCEN emitió por primera vez una orden amparada por la ley FEND Off Fentanyl, a fin de prohibir cualquier “transmisión de fondos” entre instituciones financieras estadounidenses y CIBanco, tras determinar que el banco representa una “preocupación principal de lavado de dinero en conexión con el tráfico ilícito de opioides”.
En su demanda CIBanco afirma que la orden pone en riesgo de quedar varados más de 40 mil millones de dólares en activos que administra en fideicomisos para beneficiarios estadounidenses, incluidos fondos de pensiones estatales y locales, grandes administradoras de activos, empresas e individuos.
Además, sostiene que podrían interrumpirse pagos transfronterizos rutinarios vinculados al comercio y la inversión bilateral. El banco también subraya que se cortarían flujos diarios promedio de alrededor de mil 300 operaciones con Estados Unidos que suman alrededor de 800 millones de dólares.
CIBanco reclama que no recibió aviso previo ni oportunidad de ser oído antes de la privación, y que la orden se basa en alegatos vagos y no específicos que el banco no puede investigar, pese a reiteradas solicitudes a Tesoro y FinCEN para obtener datos no clasificados como nombres, fechas y números de cuenta.