Los vapeadores, también conocidos como cigarrillos electrónicos, son dispositivos diseñados para simular la experiencia de fumar sin la combustión de tabaco. A continuación te decimos si podrías ser multado por el uso de este dispositivo en México.
Aunque inicialmente se promovieron como una alternativa menos perjudicial al cigarro convencional, han despertado preocupación por su creciente popularidad entre los jóvenes y los posibles riesgos a la salud.
¿México podría prohibir la venta de vapeadores?
Desde el sexenio anterior, el gobierno mexicano ha impulsado iniciativas para erradicar el uso de estos dispositivos y en esta línea, la Cámara de Diputados busca reformar los artículos 4 y 5 de la Constitución para prohibir completamente la producción, distribución y consumo de vapeadores. Esta propuesta incluye severas sanciones que han generado un intenso debate, tanto en la opinión pública como en los ámbitos legislativos.
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¿Cuáles serán las sanciones?
Aunque aún no están definidas en su totalidad, las posibles sanciones incluyen multas de hasta 180 mil pesos por el consumo de vapeadores en la vía pública o la posesión de estos dispositivos.
Además, se plantea la imposición de penas de cárcel y la clausura definitiva de los comercios que los distribuyan. Estas medidas han sido criticadas por considerarse desproporcionadas, especialmente si se tiene en cuenta que algunos usuarios recurren a los vapeadores como una herramienta para dejar de fumar.
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A pesar de las intenciones declaradas, los detractores de esta reforma argumentan que el elevado monto de las sanciones podría fomentar un mercado negro de estos dispositivos, complicando el trabajo de las autoridades y aumentando los riesgos para los consumidores.
¿Cuándo entrará en vigor?
Para que esta reforma entre en vigor, aún quedan varios pasos por cumplir, como el dictamen debe ser aprobado en lo particular por la Cámara de Diputados, luego discutido y votado en el Senado, y finalmente recibir el respaldo de al menos 17 congresos estatales. Este proceso legislativo podría extenderse por varios meses, lo que deja abierta la posibilidad de ajustes en las leyes secundarias.
De acuerdo con el dictamen aprobado, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días para armonizar las leyes secundarias, mientras que las legislaturas locales contarán con 365 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias. Este calendario subraya la complejidad de implementar una medida de este tipo en un país que carece de un marco regulatorio claro para el control de vapeadores.
En conclusión, la prohibición total de los vapeadores en México podría marcar un punto de inflexión en las políticas de salud pública, pero también presenta retos significativos que deberán ser abordados para garantizar su efectividad y justicia.