La violencia en México no distingue entre quienes buscan justicia y quienes la niegan. A la vergonzosa lista negra se agrega el nombre de Rubí Patricia Gómez Tagle, de 35 años, integrante del colectivo de madres buscadoras “Corazones Unidos por una Noble Causa”, asesinada en su casa de Sinaloa. Otra historia de las buscadoras, víctimas de la impunidad que las desgasta y las enferma todos los días.
De acuerdo con un reporte de Amnistía Internacional el 97% de las mujeres buscadoras ha sufrido violencia al investigar el paradero de sus seres queridos, incluyendo amenazas, extorsión, ataques, desapariciones y asesinatos o intento de asesinato. La labor de búsqueda de los desaparecidos está marcada por el riesgo y quienes la realizan son, en su mayoría, mujeres.
En un país donde más de 130 mil personas han sido reportadas como desaparecidas desde que existen registros oficiales, con casos sin resolver que destrozan familias y comunidades, las madres que se levantan para buscar a sus hijos enfrentan una violencia sistemática que ha llegado hasta el extremo de perder sus vidas.
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Desde el inicio del actual gobierno, organizaciones como Artículo 19 han contabilizado al menos 14 agresiones graves contra madres buscadoras, de las cuales seis han sido desapariciones sin rastro y ocho asesinatos.
Esta estadística aterradora no es un accidente ni un dato aislado: refleja un patrón de violencia y omisión. En Sinaloa, Rubí Patricia Gómez-Tagle, madre de un joven desaparecido, fue hallada asesinada en su domicilio, justo durante una visita oficial de la
presidenta Sheinbaum. En ese mismo estado, otra madre, María de los Ángeles Valenzuela, permanece desaparecida desde octubre de 2025.
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Pero la lista de sangre no comienza ni termina aquí. En Jalisco, Teresa González Murillo, madre buscadora de su hermano desaparecido, fue asesinada a tiros en abril de 2025 mientras realizaba su labor de búsqueda comunitaria; su caso fue minimizado por autoridades que pretendieron desligar su muerte de su activismo. Poco antes, María del Carmen Morales, también madre buscadora, fue asesinada junto a uno de sus hijos.
Esta violencia no es casual. Las madres buscadoras trabajan en zonas controladas por el crimen organizado, donde fiscalías y sistemas de seguridad han fallado repetidamente en brindar información, protección o resultados. Buscar a los desaparecidos no es un delito. Es un acto de amor que ninguna madre debería pagar con su vida.
México tiene 133,559 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional. En 2025 los casos de desaparición aumentaron un 12%, el doble que el año anterior, de acuerdo con datos de “Red Lupa”. Por esta razón, cada día hay más buscadoras tratando de localizar a sus seres queridos. Las madres se convierten en policías, forenses e investigadores para encontrar a sus desaparecidos, mientras el Estado delega su responsabilidad constitucional en civiles desarmados.
El mensaje es brutal: buscar a un desaparecido en México puede costar la vida. No es retórica, es la experiencia registrada de mujeres que, movidas por el amor a sus hijos, han sido objeto de homicidios, desapariciones, amenazas y desplazamientos.
Ante esta realidad, el silencio gubernamental no solo es indignante, es cómplice. Decir que se trabaja para proteger a estas mujeres mientras el número de víctimas aumenta es negar la evidencia, el dolor y la dignidad de miles de familias.
Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en México confirman el fracaso del Estado. Las mujeres y hombres armados con picos y palas, descubren fosas clandestinas, desentierran restos humanos en lugares inhóspitos y revelan la ubicación de centros de exterminio, ante la ausencia de las autoridades. Mientras que el Estado es incapaz de garantizar la supervivencia de sus ciudadanos.
Así las cosas, el gobierno de México debe reconocer que la protección de derechos humanos no es opcional, y que la seguridad de quienes buscan verdad y justicia debe ser una prioridad, no un discurso vacío. ¿De verdad: #Llegamos todas?
Vericuentos
Juego de vencidas, Reforma Electoral
En un episodio más de la tan llevada y traída Reforma Electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora resulta que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se mantiene y que el fuero constitucional, revocación de mandato y trasladar la elección del Poder Judicial al 2028, quedarán fuera del proyecto que se enviará al Congreso.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reveló que “cada vez se pone más difícil” que los aliados del PT y el PVEM, apoyen la reforma electoral y espera que no se fracture la alianza con Morena, de cara a la elección intermedia del próximo año. ¡Órale!
Paro de la CNTE
Los maestros militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordaron realizar un paro nacional de 72 horas los días 18, 19 y 20 de marzo en demanda de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Su protesta inicia con una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para presionar al gobierno y que atienda sus demandas. ¿A 100 días del Mundial inicia la temporada de marchas?
¡Tómala!