México duele, el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, confirma el terror, violencia e inseguridad que campean en Michoacán y gran parte del país bajo la indiferencia de las autoridades estatales y federales. El crimen exhibe los niveles de
descomposición y el control del crimen organizado en la entidad.
Manzo había advertido varias veces: “No quiero ser un alcalde más en la lista de quienes han sido ejecutados y a quienes les han arrebatado la vida”. “Tengo mucho miedo, pero debo afrontarlo con valentía”. Lamentablemente hoy es parte de esa vergonzosa lista de quienes han alzado la voz en defensa de su pueblo, exigiendo seguridad y les costó la vida.
A Carlos Manzo y Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán, los mató la indiferencia, la arrogancia, la soberbia, la complicidad, el silencio e impunidad del Estado, tras recibir amenazas y presiones del crimen organizado. Los ignoraron, las conveniencias políticas no se ajustaron a sus demandas de combatir al crimen organizado y proteger a los ciudadanos.
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De nada sirve que ahora digan que el crimen no quedará impune, que llegarán hasta las últimas consecuencias, que van a investigar, bla,bla,bla. El Estado falló, históricamente, México es el paraíso de la impunidad, un país donde menos del 1 por ciento de los asesinatos se esclarecen. Su responsabilidad era evitar que esos crímenes se cometieran y no cumplieron.
Con la muerte del Carlos Manzo, suman ya, siete los alcaldes que han muerto bajo la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, pese a que éste, continúa insistiendo que ninguno de éstos, ha externado que necesita seguridad por parte del estado.
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Michoacán es una tierra sin ley, desde hace años, la crisis de inseguridad se agravó principalmente en los municipios de Apatzingán, Tepalcatepec, Coalcomán, Aquila y Aguililla, donde más 5 mil personas han dejado sus localidades en un nuevo éxodo, buscando seguridad y paz en otros estados del país o Estados Unidos.
Sus lugares de origen se transformaron en un infierno, en zonas de guerra, donde están a merced de los delincuentes y los bloqueos. Son víctimas de los sitios que imponen los grupos en conflicto y los dejan sin alimentos, medicinas y servicio de luz. Muchos agricultores dejaron de sembrar porque no podían pagar la extorsión para cultivar y sacar sus cosechas.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la violencia en el estado de Michoacán ha dejado, en los últimos 21 meses, un saldo de 2,114 homicidios dolosos. Uruapan es el tercer lugar a nivel nacional de las ciudades donde su población se siente insegura. El 89.5% ha manifestado ser víctima de un delito, presenciar uno o que viven con temor de salir a la calle según el INEGI.
Los enfrentamientos entre grupos delincuenciales con las corporaciones de seguridad son un tema creciente en el municipio, lo que ha provocado que las personas sientan miedo al circular por las avenidas, principalmente, durante la noche, aunque en el día también suceden los crímenes. Otras ciudades de Michoacán que también se encuentran en el listado del INEGI son Morelia, cuya percepción de inseguridad se ubica con el 70.2% y Lázaro Cárdenas con un 44%.
En los últimos cinco años la violencia se ha recrudecido en Michoacán debido a la lucha entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los grupos delictivos rivales y las autodefensas. La Fiscalía General de la República identificó a nueve cárteles que operan
actualmente en la entidad y en las zonas limítrofes con los estados de Colima, Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Estado de México.
Así las cosas, queda para la reflexión y la acción la advertencia de Carlos Manzo: “A mí me podrán matar, a mí me podrán levantar, a mí me podrán intimidar o amenazar, pero afuera hay un pueblo que exige justicia, hay un pueblo cansado, a mí me podrán chingar, pero se quedan con un tigre muy enfurecido”.
Vericuentos
Claroscuros de Elección judicial
Ahora resulta que seremos “conejillos de laboratorio” en materia de impartición de justicia. El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, afirmó que tendrá que pasar por lo menos una década para comprobar si la
elección de jueces mejoró la impartición de justicia en el país. A destiempo reconoció que la reforma judicial presentó inconsistencia y errores, por lo que se pronunció a favor de eliminar los comités de evaluación y la tómbola. ¡Por fin! Aceptó que, debe pensarse en un sistema que valore los méritos mediante puntajes y elementos que diferencien la trayectoria de las personas y abandonar la selección de candidaturas al azar y sea la nueva Escuela Nacional de Formación la que, a través de exámenes, cursos o evaluación, alguna fórmula de evaluación profesional seleccione a los precandidatos, a fin de que pueda establecerse una fórmula objetiva y, sobre todo, imparcial y profesional en torno a las
candidaturas. ¡Tómala!
@guillegomora