El segundo piso de la #4Transformación coloca al Poder Judicial de la Federación contra las cuerdas. El plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, avanza en el Congreso, bajo el argumento de que los cambios al sistema judicial buscan responder al reclamo del pueblo para tener una institución de impartición de justicia austera, independiente y ajena a intereses privados.
Bajo la consigna, ¡Al diablo con las instituciones!, en Cámara de Diputados arrancará el primero de los nueve foros de “Diálogos Nacionales” para la Reforma al Poder Judicial. El próximo jueves 27 de junio se llevará a cabo con el tema: “¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?”. En el Palacio Legislativo de San Lázaro se realizarán dos y el resto en otros estados de la República, para concluir el 8 de agosto.
Juan Ramiro Robledo (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, dijo que se busca que la invitación sea “lo más abierta” posible. Sin embargo, ha sostenido que los foros "son para oír" no para debatir pues "las cosas están claras hacia dónde van".
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Al respecto, la senadora del PRI, Beatriz Paredes, afirma: “Si solamente son ejercicios fársicos para legitimar decisiones previamente tomadas, estamos desgastando las fórmulas de la democracia participativa”.
Sí, los foros serán una costosa pantomima, para disfrazar la aplanadora de Morena y sus aliados, quienes acatarán el mandamiento Lópezobradorista: "sin mover una coma" a la reforma y al dictamen como se ha hecho durante esta legislatura. “Lealtad ciega”, para cumplir con el plan de concentrar el poder y cobrar viejos agravios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a su presidenta, Norma Piña, sus acérrimos enemigos.
Recordemos que, al presidente López Obrador no le gustan los contrapesos. Hace poco dijo que su autoridad “moral” está por encima de la ley. Incluso cuando los mercados cambiarios y bursátiles respondieron negativamente al anuncio de que Morena buscará sacar adelante el Plan C a partir de septiembre, advirtió que “la justicia está por encima de los mercados”.
Así que, bajo estas premisas, los participantes en los foros deberán exponer sus planteamientos a favor o en contra sobre la iniciativa de reforma presentada en febrero y respaldada por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
La polémica iniciativa propone que los ministros de la SCJN, magistrados y jueces sean electos por voto popular en junio de 2025; una Suprema Corte de nueve ministros; retirar la pensión vitalicia a los ministros de la Corte y crear un Tribunal de Disciplina Judicial. En total, más de 1,600 cargos judiciales irían a las urnas y podrán postularse miles de abogados.
La propuesta plantea crear por separado un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para sancionar a todos los miembros de la judicatura, incluidos los ministros.
Sobre la reforma, la Barra Mexicana de abogados advierte que la propuesta constituye una amenaza directa a la independencia judicial y que “la iniciativa presentada por el presidente no atiende a los problemas de la justicia penal, familiar, civil o laboral, ni plantea soluciones a los problemas de creciente impunidad que vivimos en el país. Por eso es necesario sumar a universidades, colegios de abogados, cámaras empresariales, centros de investigación y ciudadanía en general para, juntos, encontrar soluciones a la falta de justicia en México”
Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, afirmó que la reforma propuesta por el presidente López Obrador pretende “liberar” al Poder Judicial del crimen organizado, “es decir, desatarle las manos y las complicidades de jueces y magistrados o ministros con la delincuencia”.
Postura que no comparte, el senador Emilio Álvarez Icaza, al denunciar que: “La urgencia está motivada por un espíritu de venganza de López Obrador hacia el Poder Judicial, personalizado hacia la Ministra Piña, porque lo ha leído como un obstáculo para su proyecto, sí veo ahí la prisa y la urgencia motivada por un afán de vengar lo que él no pudo hacer”.
Álvarez Icaza, sostiene que el Poder Judicial es perfectible, pero la reforma que propone López Obrador no busca la mejoría sino la elección de jueces afines ideológicamente con el gobierno.
Así las cosas, la hoja de ruta del Plan C, establece que el dictamen quede aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales antes del 28 de agosto y se turne a la siguiente legislatura. De lo contrario, la iniciativa se desecharía. El oficio político de los actuales coordinadores morenistas en el Congreso está prueba y en la mira de Claudia Sheinbaum, quien deberá tejer fino con ellos y los nuevos diputados y senadores de la 66 legislatura para aprobar la reforma y convertirla en decreto como exigen en Palacio Nacional.
Al margen de los plazos legislativos hay que estar pendientes sobre qué tanto de los profundos alcances de la reforma dejará pasar Claudia Sheinbaum. En juego está la democracia, el Estado de derecho y el respeto a la división de poderes. De lo contrario, el gobierno de la primera mujer presidenta pagará los costos políticos y sociales de la obsesión por concentrar el poder.
@guillegomora