Hace casi cuatro décadas que el país y –en especial la ciudad de México– vivió quizá como nunca antes una conformación colectiva de la sociedad civil organizada con el fin de hacer frente a las diversas crisis que la última etapa del siglo XX comenzaban a sumarse como desgracias colectivas: el sismo de 1985, la crisis política, la insurrección del EZLN en el sureste mexicano y el TLC que marcaban el desmantelamiento de un sistema político estructural de cómo se conformaba el Estado y la dinámica económica-social del pueblo mexicano.
La creación de grupos colectivos para atender diversas crisis sociales derivó en órganos autónomos que el Estado iniciado el siglo XXI reconoció y estructuró como una manera de contrapeso y democratización de la política. Todo ello con sus fallas y ejercicios de desgaste que las nuevas exigencias y demandas colectivas comenzaron a exigir su atención. Si bien estas organizaciones civiles y más tardes órganos autónomos buscaron o pretendieron ser autogestores de sus proyectos y funciones poco a poco las fuerzas políticas, las crisis ideológicas, la corrupción y el desgaste de las figuras que liderearon esas causas provocaron lo que hoy es una causa de persecución por parte del gobierno actual.
Una de las consecuencias que estamos viviendo en la actualidad en la legalidad y los contrapesos a las acciones institucionales del Estado es que aquellos luchadores sociales, líderes que en diversos frentes buscaron conformar organismos autónomos de causas legítimas: desigualdad social, justicia, equidad, inclusión, desarrollo y legalidad hoy son los que usan la aplanadora para desaparecer varios de estos órganos autónomos, olvidando la esencia y la razón de su existencia, bajo un argumento verdadero, pero no justificable que es los vicios de corrupción de sus dirigentes no así de los principios de estos comités, consejos y órganos contrapeso y evaluador del ejercicio de los servidores e instituciones públicas.
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La ilegitimidad institucional que la sociedad civil por parte del Poder Ejecutivo debilita los esfuerzos por construir una democratización y pueblo de derechos. Es ahí donde está la amenaza constante por parte del obradorismo: la descalificación a los órganos autónomos porque no sólo los desarticula, sino que el mexicano promedio que es víctima de la corrupción, de la inequidad y la violencia de Estado no tiene el respaldo de representantes de sus propios gremios sociales que apoyen las causas y la impartición de justicia que presupone el principio básico y fundamental en un país democrático.
La caída de hasta un 75% del presupuesto para organización de la sociedad civil y que operan como órganos autónomos en el presente sexenio es una de las principales causas para ir debilitando su ejercicio en la población, a pesar de reconocer crisis humanitarias y en derechos humanos como es la violencia de género, a comunidad LGBT, desapariciones forzadas, homicidios y desigualdad. Y mucho de estos agudos problemas derivan de una falta presupuestal, la falta de personal para impartir justicia, dirigentes que no practican la autonomía que demandan estas comisiones y órganos autónomos.
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Urgen descentralizar y empujar políticas autónomas por parte de las academias, organizaciones especializadas y autónomas que evalúen con apoyos de la iniciativa privada-educativas y de derechos humanos internacionales que contribuyan a volver el carácter de Estado y sociedad civil sin complicidades que en un tiempo vislumbraba México encaminar sus propuestas en tiempos donde esta carencia cobra vidas.
Abramos la discusión: @salmazan71