El presidente está enojado, y no le faltan razones. A pesar de haber ganado con una aplastante mayoría, iniciar su gobierno con el legislativo de su lado, la aprobación por los cielos, a pesar de tener todo por lo que luchó durante años, se fue topando con pared una y otra vez. No fue sencillo, los contrapesos estaban antes ahí, y se fueron apareciendo como incómodas piedras en el zapato que impedían seguir su camino, al menos a la velocidad y con la suavidad que esperaba: los amparos contra el Tren Maya, los amparos para que funcionarios de distintas instituciones no tuvieran que reducir sus sueldos, personas, organizaciones de la sociedad civil peleando por lo que creen justo ¡qué molesto!
El 24 de marzo de este año, el presidente envió una iniciativa a la Cámara de Diputados, el plan busca reforma 23 leyes federales, su exposición de motivos: “dotar a la Administración Pública Federal de instrumentos jurídicos para salvaguardar de manera eficaz el interés general, público y social, con el fin de hacer efectivos derechos fundamentales como el derecho al medio ambiente sano, al acceso al agua, a la conservación y mejoramiento de hábitat…etc”, pero podría mejor definirse como la Ley Berrinche, es una respuesta a todas esas piedras que se le fueron metiendo en el camino para impedirle llevar a cabo sus planes sin distracciones. Aquí algunas joyas.
Busca modificar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para limitar las indemnizaciones que el Estado debe otorgar a particulares con motivo de arbitrajes internacionales. También busca lo que en su momento intentó el presidente y fue frenado por la Suprema Corte de Justicia, que los funcionarios públicos no puedan trabajar para particulares que supervisaran, regularan o celebraran contratos después de determinado plazo que puede ir de cuatro años, hasta diez. Desde cuatro años para quien tiene una Dirección General hasta 10 para el presidente.
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Modifica otro artículo para limitar las remuneraciones de las personas adscritas al Tribunal, y uno más para que servidores públicos del Legislativo y órganos autónomos cumplan con lo dispuesto en materia de remuneraciones, artículos más, palabras más, palabras menos, uno de los berrinches más escuchados durante este sexenio: “Nadie puede ganar más que el presidente”.
Llama la atención que la exposición de motivos de la iniciativa hable de la protección al agua y medio ambiente, pues recuerda todos los pilotes en los cenotes y árboles derribados con motivo del Tren Maya y los tantos amparos obtenidos porque la obra había iniciado sin manifestaciones de impacto ambiental. Pues bien, la Ley Berrinche busca permitir que los proyectos de infraestructura pública puedan empezar sin tener los permisos necesarios, en caso de considerarse urgentes, o porque busquen el desarrollo del país, la defensa de la soberanía o la seguridad nacional. ¡Déjà vu!
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