La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Fiscalía Regional Sur, obtuvo una sentencia condenatoria de 29 años de prisión en contra de un hombre declarado culpable del delito de fraude, luego de acreditar que engañó a varias personas con la supuesta venta de viviendas en municipios del área metropolitana.
El sentenciado, identificado como Jorge "N", de 63 años, fue encontrado penalmente responsable por hechos ocurridos entre 2015 y 2017, periodo en el que ocasionó un daño patrimonial superior a 1 millón 303 mil pesos.
Engañó a seis personas con supuestas casas del Infonavit
De acuerdo con la investigación presentada por el Ministerio Público durante el juicio oral, el ahora sentenciado utilizó diversos actos de simulación para convencer a seis víctimas de adquirir viviendas ubicadas en diferentes colonias de Monterrey y Guadalupe.
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Según la Fiscalía, Jorge "N" aseguraba que se trataba de casas del Infonavit adquiridas de forma masiva y que, debido a su estado de conservación, podían venderse a un precio inferior al del mercado.
Con ese argumento, solicitaba a las víctimas el pago de diversas cantidades de dinero como supuesto enganche para la compraventa del inmueble, prometiendo la entrega inmediata de la propiedad y el pago del resto del monto al momento de firmar las escrituras.
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Sin embargo, las viviendas nunca fueron entregadas y las personas afectadas descubrieron que el dinero recibido correspondía únicamente a un supuesto servicio de corretaje, por lo que decidieron presentar las denuncias correspondientes.
Juez acreditó la responsabilidad del acusado
Durante la audiencia de juicio oral, la Fiscalía presentó pruebas documentales y testimoniales que permitieron demostrar la responsabilidad penal del acusado y la existencia de una conducta dolosa encaminada a causar un perjuicio económico a las víctimas.
Tras valorar los argumentos de ambas partes, el juez emitió un fallo condenatorio, imponiendo una pena de 29 años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 250 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
Asimismo, se ordenó la reparación del daño, dejando a salvo los derechos de las víctimas para acreditar los montos correspondientes durante la etapa de ejecución de la sentencia.