La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, ejecutó dos órdenes de cateo en el municipio de Cadereyta, donde aseguró más de 170 mil litros de hidrocarburo, así como diversos vehículos y equipo presuntamente utilizados para actividades ilícitas.
De acuerdo con la autoridad federal, la investigación se originó tras la detención de un hombre identificado como Seferino “N”, quien fue sorprendido por elementos de la Guardia Nacional y personal de Seguridad Física de PEMEX mientras manipulaba mangueras conectadas a una toma clandestina ubicada en las inmediaciones de dos predios.
Tras su captura, el Ministerio Público Federal obtuvo la vinculación a proceso del detenido y, como parte de las diligencias complementarias, autorizaciones judiciales para intervenir los inmuebles relacionados con el caso.
Te podría interesar
Durante los cateos, en el primer predio se aseguraron aproximadamente 55 mil litros de hidrocarburo, una manguera de dos kilómetros de longitud, así como dos cajas secas con contenedores. En el segundo inmueble, las autoridades localizaron 124 mil 750 litros de combustible, además de nueve fractanks, dos pipas, dos tractocamiones, cuatro autotanques, un cubitanque, tres bombas y dos dollies.
Todos los indicios, junto con los inmuebles, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa integrando la carpeta de investigación por delitos relacionados con el manejo ilícito de hidrocarburos.
Te podría interesar
Operativo en General Bravo
En una acción adicional, la FGR informó que abrió otra investigación tras el aseguramiento de un tractocamión cargado con aproximadamente 30 mil litros de petrolífero en el municipio de General Bravo. La detención fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), luego de que el conductor no pudiera acreditar la legal posesión del combustible.
El vehículo y el hidrocarburo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad federal, que determinará la situación jurídica del detenido conforme avancen las indagatorias.