Con el objetivo de combatir irregularidades en el servicio público, el Gobierno de Nuevo León presentó una iniciativa para incrementar las sanciones contra servidores públicos que incurran en delitos como abuso de autoridad y cohecho.
La propuesta surge tras quejas de cámaras empresariales, que han solicitado mayores controles y castigos más severos ante posibles actos indebidos, particularmente en áreas operativas.
El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, explicó que la iniciativa busca fortalecer la legalidad y la confianza ciudadana mediante ajustes al Código Penal estatal.
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Plantean hasta 21 años de prisión en casos de reincidencia
Entre los principales cambios, se contempla elevar las penas por abuso de autoridad hasta nueve años de prisión, además de duplicar las multas e incluir la destitución del cargo y la inhabilitación hasta por 13 años.
En el caso del delito de cohecho, la iniciativa propone sanciones de hasta 14 años de cárcel, que podrían incrementarse hasta 21 años en caso de reincidencia, junto con medidas administrativas como la destitución e inhabilitación.
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El funcionario destacó que, aunque varias de las inconformidades provienen del ámbito de tránsito municipal, la reforma no se limitará a un solo nivel de gobierno, sino que aplicará de manera general.
Como parte de la estrategia, se acordó instalar una mesa de trabajo permanente con autoridades y representantes del sector empresarial, la cual sesionará mensualmente para dar seguimiento a denuncias y prevenir irregularidades.
Flores Serna subrayó que existe instrucción directa del Ejecutivo estatal para atender de inmediato estos casos, garantizando que cada denuncia sea analizada conforme a la ley, sin politización.