La nueva Ley de Educación en Nuevo León fue aprobada por mayoría en el Congreso Local tras una jornada que se extendió por varias horas y en la que participaron legisladores de distintas bancadas, aunque un bloque importante optó por la abstención.
El dictamen, que se trabajó durante aproximadamente un año en la Comisión de Educación, avanzó con el respaldo de diputados del PAN, PRI, PT, una legisladora independiente y algunos integrantes de Morena, mientras que legisladores de Movimiento Ciudadano, parte de Morena y el PVEM decidieron no emitir voto a favor ni en contra.
La sesión inició con la lectura del documento, que superó las 700 páginas, y posteriormente se abrió el debate en el que intervinieron más de 10 diputados. Finalmente, la propuesta fue avalada tanto en lo general como en lo particular, en medio de reacciones.
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Entre los puntos centrales, la legislación contempla garantizar acceso a educación gratuita y de calidad, fortalecer la capacitación docente, implementar medidas de protección para estudiantes y ampliar oportunidades para personas con discapacidad o autismo, además de impulsar herramientas digitales en el aprendizaje.
También se establecen lineamientos para limitar el uso de celulares dentro de las aulas, con el objetivo de priorizar la concentración y la interacción, así como la posibilidad de que los planteles analicen esquemas de transporte escolar. En el caso de las mochilas transparentes, se considera una alternativa opcional y no una obligación.
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Durante la discusión, legisladores que se abstuvieron señalaron preocupaciones relacionadas con el impacto presupuestal, posibles conflictos con la legislación federal y la asignación de responsabilidades en temas como el transporte escolar.
En contraste, quienes respaldaron la reforma defendieron que no implica una carga adicional significativa y que responde a necesidades del sistema educativo.
El debate también incluyó señalamientos entre bancadas sobre la viabilidad de la ley y su alineación con políticas públicas, mientras que desde tribuna se insistió en la urgencia de actualizar el marco normativo tras años de rezago en el sector.
Previo a la votación, algunos legisladores advirtieron que el decreto podría ser vetado por el ejecutivo estatal, bajo el argumento de inconsistencias en su contenido y falta de consenso, lo que abriría la posibilidad de que el documento regrese al Congreso con observaciones para su revisión.