NUEVO LEÓN

Proponen que órdenes de protección también apliquen en casos de lesiones graves en NL

La diputada Berenice Martínez propuso ampliar las órdenes de protección en Nuevo León para incluir a víctimas de lesiones graves, aun cuando no exista violencia familiar.

Créditos: Alma Torres
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La vicecoordinadora de Morena en el Congreso local, Berenice Martínez Díaz, presentó una iniciativa para ampliar el acceso a órdenes de protección en casos de lesiones graves, aun cuando los hechos no se registren en un contexto de violencia familiar.

La propuesta busca modificar el Código Penal del Estado para garantizar que más personas puedan acceder a medidas preventivas cuando su integridad física esté en riesgo.

¿Qué plantea la iniciativa?

El proyecto propone reformar el artículo 98 Bis del Código Penal de Nuevo León para incorporar de manera explícita el delito de lesiones graves como supuesto para solicitar órdenes de protección.

Actualmente, estas medidas solo proceden en casos de violencia familiar, violencia equiparable o conductas de índole sexual, lo que deja fuera a víctimas de agresiones físicas severas ocurridas en otros contextos.

La legisladora explicó que la intención es ampliar el alcance de la norma para que también puedan acceder a protección quienes presenten lesiones que tarden más de 15 días en sanar.

¿Cómo se otorgarían estas medidas?

De acuerdo con la iniciativa, las órdenes de protección se emitirían únicamente a petición de la persona afectada y tras una evaluación del nivel de riesgo, con el fin de salvaguardar el debido proceso.

Martínez Díaz señaló que el objetivo es fortalecer los mecanismos de prevención y evitar que hechos de violencia escalen hacia consecuencias más graves.

La diputada argumentó que las estadísticas estatales muestran un incremento en los casos de lesiones dolosas en los últimos años, lo que evidencia la necesidad de reforzar las herramientas legales disponibles para las víctimas.

En ese sentido, sostuvo que el sistema jurídico debe priorizar acciones anticipadas que reduzcan la posibilidad de reincidencia y brinden un trato equitativo a todas las personas afectadas por agresiones físicas graves, independientemente del contexto en que ocurran los hechos.

La iniciativa será analizada en comisiones antes de ser discutida en el Pleno del Congreso local.